Se busca establecer si están vinculados en alguna responsabilidad sobre el accidente que se registró el pasado 7 de junio el antro Rich de la Plaza Alttus, dice María Manuela García Cázares
La Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó información al Ayuntamiento capitalino en torno a los cuatro exfuncionarios municipales que fueron dados de baja con el fin de establecer, si están vinculados en alguna responsabilidad sobre el accidente que se registró el pasado 7 de junio del presente año en el antro Rich de la Plaza Alttus.
Al respecto la titular de la FGE, María Manuela García Cázares expuso que, se le notificó al Ayuntamiento de la Capital para que haga entrega de información relacionada con las cuatro personas que fueron despedidas, por lo cual, una vez obtenida la información se buscará deslindar responsabilidades.
La abogada del estado, puntualizó que se solicitaron oficios a la Dirección General de Gobernación del Gobierno del Estado, a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y al Ayuntamiento capitalino, a fin de que informen sobre el suceso. Además, reconoció que el pasado miércoles, en audiencia el juez de control, concedió la solicitud de ampliación de la investigación complementaria por tres meses más, presentada por el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación.
Subrayo que ya se habían pedido informes al municipio y rendido algunos informes, sin embargo, a partir de ciertos datos que exhibieron los tres imputados actualmente presos en el penal de La Pila, se determinó solicitar de nueva cuenta información al Gobierno del Estado y al ayuntamiento de la Capital como parte de las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el antro Rich de la Plaza Alttus de esta capital potosina.
INVOLUCRADOS EN DESFALCO PROPONEN RESARCIR DAÑO A PENSIONES
Por otra parte la fiscal general María Manuel, reveló que al menos dos los implicados en el supuesto fraude del siglo en perjuicio de los fondos de la Dirección General de Pensiones (DGP), propusieron reparar el daño, con el pago de más de 190 millones de pesos.
«Hubo un ofrecimiento para Pensiones, pero eso lo tendrá que determinar directamente la Junta de Pensiones, porque Fiscalía es intermediaria, pero quien tiene que tomar la decisión, es finalmente la Dirección de Pensiones conjuntamente con la Junta de Gobierno».
Indicó que ambos involucrados ofrecieron diferentes cantidades; uno propuso entregar la cantidad de 30 millones de pesos y el segundo 180 millones de pesos. Sin embargo, aclaro que las dos cantidades solo compensarían una proporción del daño total.
Por último comentó que, los dos involucrados serían los únicos beneficiados en caso de aprobarse la negociación con la Junta de Gobierno de la Dirección General de Pensiones.
