Martí Batres reforma el artículo 3 de la Constitución local para garantizar la protección de la propiedad privada, pública y social en la Ciudad de México.
El lunes 2 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el jefe de Gobierno Martí Batres, emitió un decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución local. Esta reforma tiene como objetivo armonizar las disposiciones sobre propiedad privada, pública y social con el artículo 27 de la Constitución Federal, buscando una protección equilibrada para todos los tipos de propiedad en la capital del país.
La reforma, publicada en la Gaceta Oficial y presentada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, garantiza la protección de la propiedad privada, pública y social en la Ciudad de México, alineando estos principios con los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo es restablecer los principios fundamentales que habían sido en parte ignorados en el ordenamiento local, y que ahora se subordinarán al interés superior de la Nación y de la Ciudad.
En la presentación del decreto, estuvieron presentes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y la diputada local Martha Ávila, quienes expresaron su apoyo a la reforma. Martí Batres destacó en sus redes sociales que esta modificación corrige la anterior normativa que se centraba predominantemente en el respeto a la propiedad privada, reemplazando este enfoque por un reconocimiento más amplio que incluye también la propiedad pública y social.
La reforma modifica el inciso A), numeral 2 del artículo 3 de la Constitución local, estableciendo que la Ciudad de México reconoce la propiedad sobre sus bienes de dominio público, de uso común y de dominio privado, así como la propiedad ejidal y comunal.
Batres comentó que la reforma es un paso importante para restablecer el equilibrio en la protección de las propiedades, asegurando que los principios del artículo 27 de la Constitución Federal sean aplicados en la Ciudad de México. Esta medida busca garantizar un marco jurídico más justo y equilibrado para la protección de todas las formas de propiedad en la capital del país.
