Contraloría General del Estado detecta irregularidades en la calidad de obras municipales; municipios podrían enfrentar sanciones según resultados de verificación.
El titular de la Contraloría General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, ha revelado que varios municipios de San Luis Potosí podrían enfrentar sanciones tras detectar deficiencias en la calidad de los materiales aplicados en distintas obras. La responsabilidad de determinar las acciones a seguir recaerá en el Instituto de Fiscalización, que evaluará los resultados obtenidos en la reciente verificación de las estructuras.
Aguiñaga Muñiz explicó que, más de un año después de firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Fiscalización, la calidad de las obras municipales se revisa mediante un laboratorio especializado, perteneciente a la Dirección de Auditorías, Gestión y Obras Públicas de la Contraloría General del Estado. Esta verificación se realiza extrayendo un «corazón» de las obras, un extracto que se somete a análisis para evaluar la calidad de los materiales utilizados.
Entre los municipios revisados se encuentran la Ciudad Capital, Axtla de Terrazas, Matehuala y Río Verde. En base a los resultados de las muestras aleatorias tomadas, el Instituto de Fiscalización determinará si existen elementos suficientes para imponer sanciones por irregularidades encontradas.
El funcionario precisó que, según los hallazgos del laboratorio, en varios casos los materiales no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, lo que podría dar lugar a sanciones. Aguiñaga Muñiz también subrayó que la responsabilidad de sancionar a las empresas constructoras recae en los municipios. Recordó que las empresas ganadoras de las licitaciones son responsables de la calidad de los materiales y la ejecución de las obras.
El Instituto de Fiscalización, por su parte, se encargará de emitir observaciones a la autoridad municipal, que incluirá la ejecución de fianzas en caso de incumplimiento. Aguiñaga Muñiz también señaló que, bajo la nueva Ley de Responsabilidades, se podrían imponer sanciones directas a las empresas constructoras que no cumplan con los estándares de calidad exigidos para las obras.
Esta situación destaca la importancia de la supervisión rigurosa en la ejecución de obras públicas y la necesidad de garantizar que los materiales utilizados cumplan con las normativas establecidas para asegurar la seguridad y durabilidad de las infraestructuras en el estado.
