El incidente de suspensión solicita que se impida enviar la reforma, una vez aprobada en el Congreso, a las Legislaturas locales para su aprobación
Cuatro jueces de Distrito presentaron un incidente de suspensión a la reforma al Poder Judicial contra actos del presidente de la República.
La suspensión temporal solicita que, de aprobarse la reforma judicial en el Congreso de la Unión, no se pueda discutir ni aprobar en los Congresos locales, ya que al ser una reforma constitucional la tienen que aprobar 17 de ellos, lo que Morena ya tiene en la bolsa, hasta que se resuelva una suspensión definitiva.
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“Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen el Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo y en el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva”, dicta la resolución.
Las reformas propuestas por el presidente López Obrador han sido criticadas por organismos internacionales, quienes coinciden en el riesgo de impulsar propuestas como la reforma al Poder Judicial.
La serie de cambios en la Constitución mexicana propuestos para modificar el Poder Judicial y desaparecer el organismo de transparencia, que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas, deberían ser rechazados por los legisladores mexicanos en el Congreso, señaló Human Rights Watch (HRW).
La organización expresó su preocupación especialmente por las reformas al Poder Judicial, las que eliminan al Instituto Nacional de Transparencia, el acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la que amplía la prisión preventiva oficiosa y la que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, señaló en un comunicado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
