Defensores de migrantes criticaron la intención de bloquear el nuevo plan de regularización del Gobierno del presidente Joe Biden
Defensores de migrantes condenaron el intento de una coalición de 16 estados republicanos de bloquear el nuevo plan de regularización del Gobierno del presidente Joe Biden que se prevé beneficiará a cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El grupo de 16 estados, encabezados por Texas, presentó este viernes una demanda que pide detener la implementación del programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) argumentando que viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.
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Ángelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), dijo en un comunicado que “el derecho de los ciudadanos estadounidenses a presentar una petición a favor de su familia o ser querido está siendo frustrado por Texas y los otros estados”.
La activista aseguró que la querella legal no tiene fundamento y solo “busca perturbar” las vidas de medio millón de migrantes.
Por su parte, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones lideradas por inmigrantes de origen latinoamericano y caribeño, calificó la demanda como “profundamente racista y profundamente xenófoba”,
“Se trata de una medida abiertamente antimexicana, ya que es bien sabido que muchos de los potenciales beneficiarios de este programa son ciudadanos mexicanos”, ahondó el activista.
El programa que abrió sus inscripciones el lunes pasado, se apoya en el llamado “parole in place”, que otorga un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos, ofreciendo protección frente a la deportación.
El plan de regularización también otorga a los indocumentados la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en Estados Unidos por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.
El programa exige que el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.
La Administración Biden estimó que aproximadamente 500 mil cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros serán elegibles para el programa.
Salas dijo que desde el lunes pasado su organización basada en Los Ángeles ha recibido “cientos de llamadas” y ha ayudado a cientos de familias de estatus mixto que califican para el beneficio, e instó a los inmigrantes elegibles a solicitar el amparo lo antes posible.
En ese sentido, Abdiel Echevarría Caban, abogado principal de la Unión del Pueblo Entero (LUPE), una organización basada en Texas, indicó que esta nueva demanda “no debería disuadir a las personas de buscar apoyo o ayuda”.
Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), se unió a los conservadores en la demanda, que nombra específicamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), su secretario, Alejandro Mayorkas, y a otros funcionarios de la Casa Blanca.
