La irrupción nada sorpresiva de dos de las grandes cúpulas empresariales que forman parte de los lazos invisibles del Estado –el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios– solo está aclarando el panorama del escenario actual: no se disputa un nuevo proyecto nacional, sino que se está reconfigurando la hegemonía del poder para los próximos seis años en un cambio sexenal de un mismo partido y grupo político.
Se trata de un enfoque que procesó desde 1981 el análisis estratégico de la política y la economía el entonces académico Miguel Basáñez en su libro La lucha por la hegemonía en México 1968-1990 (Siglo Veintiuno Editores) y del establecimiento de la categoría de la lucha por la hegemocracia, donde el gobierno articulado al Estado representa una hegemonía ideológica con bases sociales.
La primera edición del estudio de Basáñez circuló en el año de 1981 en que también se estableció otra categoría de interpretación de los conflictos entre empresarios y gobierno-Estado-masas: México: disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo (Siglo Veintiuno Editores) de los economistas Carlos Tello Macías y Rolando Cordera Campos, el primero del sector progresista del Estado y el segundo de la izquierda universitaria no marxista y sí populista.
El marco referencial de la disputa por la hegemonía en el período 2018-2030 es el mismo que se dio en 1979-1994 y luego en las reformas del Pacto por México 2012-2014 para redefinir las relaciones de poder entre las clases productivas en el seno de la economía y del Estado: el neoliberalismo definido por Carlos Salinas de Gortari realizó las reformas más profundas del Estado para sacarlo de su representatividad social y colocarlo como el administrador de las decisiones qué tenían que ver con las leyes económicas de mercado, abandonando el modelo del nacionalismo revolucionario que le confería al Estado la representación activa de los sectores no propietarios de medios de producción.
En aquel entonces De la Madrid y Salinas aprovecharon su cómoda mayoría calificada en el Congreso para revertir todos los avances del Estado en el sector social de la economía y entregarle el dominio del rumbo productivo al mercado y a los empresarios y luego Enrique Peña Nieto logró el Pacto político con el PAN empresarial y con el bloque neoliberal del PRD de Los Chuchos. La élite gobernante neoliberal modificó la Constitución a gusto del mercado y revirtieron el compromiso constitucional del proyecto histórico de la Revolución Mexicana para imponer decisiones de justicia social sin ahogarse en la lucha de clases y solo apelando a la hegemonía político-productiva que representaba el bloque de poder presidente de la República-mayoría calificada del PRI-sindicatos.
El dominio del PRI en decisiones de hegemonía política del Estado de 1934 a 1982 prefiguró primero un Estado fuerte que dominaba al sector empresarial que carecía de bloque político partidista-legislativo, pero los cambios introducidos en la Constitución por De la Madrid-Salinas de Gortari replegaron la fuerza social del PRI-Estado y de la ideología sólida de la Constitución original de 1917 que colocaba el Estado como el eje del poder y las reformas constitucionales 1982-1994 liquidaron la relación del PRI con la defensa de los artículos constitucionales de la Revolución Mexicana.
El proyecto popular –que no populista– del presidente López Obrador está tratando con muchos problemas y sin victorias consistentes de volver a consolidar la hegemonía del Estado en la conducción del desarrollo, sobre todo porque Morena carece de los tres pilares sociales-ideológicos-productivos que representaban el poder de facto de los sectores no propietarios de los medios de producción: los obreros, los campesinos y los profesionistas comprometidos socialmente. El proyecto de este Estado fracasó porque las clases productivas las organizó el PRI como masa y no como clase.
Morena es un partido de movimientos, desclasado, en el buen sentido con perfiles del lumpemproletariado conformado solo por los beneficiarios sin perfil de clase de los programas sociales, sin una ideología cohesionadora que no ha podido utilizar lo que el viejo PRI manipuló con eficacia: la educación como aparato ideológico del Estado social.
Las propuestas del proyecto de López Obrador no reconstruyen el viejo Estado priista, sino apenas reivindican algunas posiciones de dominio político y de masas que no han llegado todavía a configurarse como hegemonía, es decir como un bloque dominante y cohesionado.
En este contexto, el activismo empresarial de emergencia contra la mayoría de Morena no alcanza para imponerse ni construir una hegemonía, sino apenas está buscando poner en salvaguarda sus intereses ante la pérdida del control del Poder Judicial a su servicio.
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Política para dummies: la política es el campo de batalla de la lucha de proyectos de clase.
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