La mejor evidencia que se tiene para comprobar la parcialidad política de la estructura de poder judicial priista del sistema político/régimen de gobierno/Estado autoritario/Constitución se encuentra en la coincidencia de la reforma judicial que quiere cambiar el poder de la justicia y el reporte final de la Comisión de la Verdad sobre la represión 1965-1990.
Los cinco tomos de conclusiones de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la promoción de la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990 (COVEH) resumen la represión institucional que involucró al Poder Judicial de esa época que es actualmente el mismo de hoy: Fue el Estado. Es decir, la represión institucional del poder político tuvo su complicidad legitimadora en el papel del sistema judicial que fortaleció al régimen priista de tipo –ahí sí– autoritario, dictatorial, represivo, antidemocrático y violatorio flagrante de los derechos humanos; la represión fue, por así decirlo, del Estado y sus cómplices políticos, empresariales y judiciales.
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A diferencia de decisiones dictatoriales que se tomaron en el régimen priista con la complicidad del sector judicial y de los ministros de la Suprema Corte que eran designados por razones políticas y no jurídicas, la reforma judicial de López Obrador –mal que bien– ha cumplido todos los procesos políticos de cualquier democracia legal y legítima: partidos que proponen agendas reformistas, votos que le dieron la mayoría absoluta y la calificada y los dictámenes por instituciones avaladas por los ahora críticos y disidentes.
Los datos comprobados de autoritarismo, represión y violación de derechos humanos en el ciclo político 1965 (Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el de Tlatelolco) a 1990 (Gobierno de Salinas que tuvo como secretario de Gobernación al jefe de la policía política de la Dirección Federal de Seguridad que aparece en el centro de la represión, Fernando Gutiérrez Barrios) deben ser llevados a la mesa de discusiones de la reforma judicial porque los nombramientos judiciales de ministros, magistrados y jueces que avalaron la represión en ese periodo y hasta la fecha han sido producto la red de intereses políticos detrás de ese aparato judicial.
Los documentos de la represión 1965-1990 perfilan una conclusión inocultable: la represión fue posible porque los funcionarios del Estado contaron con que los ministros, magistrados y jueces respondieron a los intereses del Estado represor y no a los de la justicia democrática.
El trasfondo del gran debate entre política y derecho se encuentra en que la primera domina al segundo en tanto que los ministros han sido designados por intereses ideológicos presidenciales y de ahí magistrados y jueces participan del vicio de origen o, en términos jurídicos, el fruto del árbol envenenado: el control de la estructura judicial por parte de los intereses ideológicos de los ministros de la Corte que responden el viejo régimen priista-panista.
Entre muchas, hay historias de la ignominia judicial. En 1968, el escritor y ensayista marxista José Revueltas fue arrestado, encarcelado y acusado de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil, cuando su participación en realidad fue desdeñada por la ira juvenil y su propuesta no revolucionaria ni rupturista se centró solo en la “autogestión universitaria” porque la educación en México era, en términos de Althusser, un “aparato ideológico del Estado” entonces priísta y autoritario.
El encargado de condenar a Revueltas fue Eduardo Ferrer MacGregor, juez de consigna que obedeció las instrucciones del Poder Ejecutivo –Díaz Ordaz como presidente y Echeverría como secretario de Gobernación– para sentenciar a 16 años de cárcel al escritor acusándolo de proponer y promover la “autosugestión universitaria”, un error de incomprensión jurídica de lo que estaba ocurriendo en el 68 que hubieras desvirtuado todo el expediente. Todo el aparato judicial del ciclo represivo analizado la verdad 1965-1990 –pero mucho antes y mucho después– estuvo al servicio de los intereses políticos e ideológicos del Estado priista y sus complicidades con el panismo jurídico conservador. Esta pequeña historia del sistema judicial con Revueltas explica la dimensión y radicalismo de la propuesta de reforma jurídica del presidente López Obrador.
La reforma judicial está realineando las fuerzas políticas ideológicas de México: los ministros antirreformistas de la Corte están protegidos por el régimen del PRIAN, la derecha del PRD y la ultraderecha de la Marea Rosa.
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Política para dummies: la política es alcahueta de la política.
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