La ministra presidenta Norma Piña Hernández pasará a la historia política y jurídica del país pero no por haber roto el techo de cristal femenino sino por haber llevado al Poder Judicial a una confrontación de ruptura con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
La reforma judicial del presidente López Obrador fue respuesta a la declaración de autonomía absoluta –no relativa– del Poder Judicial respecto de los otros dos poderes, pero sin cambiar la estructura de redes y canales de dependencia heredados de la vigencia del sistema político priista que construyó el régimen de poderes montesquianos.
Después del período del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ya con articulaciones políticas con el proyecto político del presidente López Obrador vía a la democracia participativa que impulsó la Corte, la ministra Piña quedó atrapada en las redes de los ministros conservadores colocados ahí por los presidentes Vicente Fox quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En este reacomodo de poderes internos en la Corte, el Poder Judicial fue lanzado a través de la ministra Piña a bloquear algunas de las reformas radicales del Gobierno de López Obrador, pero sin buscar acuerdos, consensos, entendimientos y equilibrios entre las dos propuestas. Los operadores jurídicos presidenciales –Julio Scherer Ibarra y la exministra Olga Sánchez Cordero– fracasaron del lado oficial en la búsqueda de caminos intermedios.
El discurso de toma de posesión que definió la posición de Piña como ministra presidenta fue teóricamente impecable: la autonomía de poderes; sin embargo, los funcionarios del Poder Judicial venían ya cargados de inclinaciones ideológicas que chocaron con algunas de las propuestas de reorganización del poder Ejecutivo lopezobradorista, sobre todo la prisión preventiva oficiosa, de manera fundamental la Guardia Nacional dentro de la Secretaría federal de Seguridad y Protección ciudadana y adscrita en operación y control a la Secretaría de la Defensa Nacional y las complicidades de ministros, magistrados y jueces con importantes empresarios que habían encontrado en la corte la manera de evadir impuestos al Estado.
La ministra Piña arribó a la presidencia de la Corte ya controlada y contaminada por los sectores duros del PRI y del PAN. A poco más de un mes de haber jurado posesión del cargo en el Poder Judicial, la ministra Piña fue mal aconsejada o inducida a faltarle el respeto a la investidura presidencial cuando permaneció sentada el 5 de febrero en la conmemoración de la Constitución ante la llegada del jefe del Ejecutivo federal.
Como el ministro Zaldívar, la ministra Piña también cometió el error de politizar las leyes y el Poder Judicial, cuya función no es política sino la de equilibrar violaciones y castigos y atender las necesidades de las víctimas; Zaldívar enroló a la Corte en la corriente de la democracia participativa y la ministra Piña compró el argumento del priizado Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM de la “democracia constitucional” subordinando las leyes a lo que significa la democracia como prácticas de ejercicio del poder que nunca se han ajustado a la ética ni a las razones, como lo demostró Machiavelli.
Al rendir su protesta como ministra presidenta, anunció que la Corte y el Consejo de la judicatura se guiarían “por el camino que nos marcan Nuestra Constitución (y) que nos exige nuestra democracia constitucional”.
A partir de estas definiciones y comportamientos como permanecer sentada ante la investidura presidencial en Querétaro, la ministra Piña sacó al Poder Judicial de las relaciones naturales con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Y si la democracia constitucional señala que el poder legislativo hace las leyes en función de sus mayorías, ahora la ministra Piña rompe su propia doctrina confronta la facultad constitucional de las mayorías en las cámaras para hacer leyes en función de su representatividad social y no a partir de complicidades con los abogados del Poder Judicial.
La crisis en las relaciones Poder Judicial-poderes Ejecutivo y Legislativo condujo a la decisión constitucional del presidente de presentar leyes que reformulaban el funcionamiento del Poder judicial, pero ahora los abogados de este Poder Judicial están politizando su falta de respeto al Estado de derecho y se lanzarán el lunes 19 a un paro loco de labores sin fijar fechas límite para dejar a la República sin leyes aplicables, sin Estado de derecho y sin jueces.
El bloque conservador de ministros condujo a la ministra Piña al abismo político.
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Política para dummies: la política sin leyes es el estado de naturaleza que denunció Hobbes.
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