Personal médico y directivos de IMSS-Bienestar en SLP denunciaron que funcionarios federales buscan favorecer a empresas favoritas.
Personal médico y directivos de los centros de salud IMSS-Bienestar denunciaron en la Ciudad de México que funcionarios federales de la Secretaría del Bienestar buscan favorecer a empresas «favoritas» en los nuevos contratos y licitaciones en San Luis Potosí.
Los inconformes aseguran que Servidores de la Nación relacionados con los líderes de Morena en la entidad buscan favorecer a empresas vinculadas con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, implicado también en una denuncia de un supuesto desvío millonario de un fondo de la Dirección de Pensiones que mantiene en prisión a varios implicados.
El Gobernador potosino, Ricardo Gallardo, pactó con el gobierno federal transferir los recursos y la operación del sistema de salud, pero médicos y directivos han denunciado las presiones de funcionarios estatales de Morena para favorecer a la empresa Cagesa Abastecedora de Hospitales.
En abril pasado, se lanzó el programa «La Clínica es Nuestra», que busca mejorar la infraestructura, el mobiliario, equipo médico y dar mantenimiento a centros de salud de los Servicios de Salud para el Bienestar, para lo que se crearon los Comités de la Salud para el Bienestar, integrados por trabajadores y ciudadanos que se encargarán de administrar los recursos.
La integración de los Comités estuvo coordinada por la Secretaría del Bienestar a través de los Servidores de la Nación y, según las denuncias, comenzaron a presionar para contratar a la empresa Cagesa.
Según una denuncia que cita el medio nacional REFORMA, la empresa Cagesa presentó el pasado 18 de junio una propuesta para abastecer 136 partidas de equipo y material médico por un total de un millón 359 mil 572 pesos.
Sin embargo, integrantes de los Comités de Salud en San Luis Potosí detectaron que los productos fueron ofrecidos con precios inflados o costos muy por arriba de los precios promedio en el mercado del sector salud.
Los funcionarios locales aseguran que ellos buscan lanzar licitaciones así como una variedad de proveedores que puedan ofrecer los mejores productos, a menor precio y con una rápida entrega, ante las necesidades que se tienen en el sector salud.
El personal médico y directivos han manifestado su preocupación por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos, señalando que algunos funcionarios federales están tratando de beneficiar a determinadas empresas. Estas acusaciones sugieren que se están ejerciendo presiones indebidas para manipular el resultado de las licitaciones, lo que podría comprometer la transparencia y equidad del proceso.
Las denuncias han generado inquietud entre la comunidad médica y la ciudadanía, ya que la selección de proveedores no idóneos puede afectar la calidad de los servicios de salud ofrecidos a los potosinos. Los directivos de IMSS-Bienestar han expresado que estas prácticas no solo perjudican la competencia justa entre las empresas, sino que también ponen en riesgo el bienestar de los pacientes al potencialmente contratar a proveedores que no cumplen con los estándares requeridos.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de los funcionarios acusados ni de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, se espera que las autoridades correspondientes investiguen a fondo estas denuncias para asegurar que los procesos de contratación y licitación se realicen de manera transparente y justa.
El personal médico y los directivos de IMSS-Bienestar han hecho un llamado a las autoridades federales para que se garantice la transparencia en los procesos de compra y se tomen medidas contundentes contra cualquier intento de corrupción. Además, han solicitado la intervención de organismos de control y supervisión para asegurar que se respeten las normas y se proteja el interés público.
Las denuncias de presiones indebidas en las compras de IMSS-Bienestar en San Luis Potosí subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La integridad de los procesos de contratación es esencial para mantener la confianza de la ciudadanía y asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera efectiva y justa.
