El ejercicio de diálogo y debate es una de las características esenciales de las democracias modernas. Sin duda, abrir los cauces de la participación a toda la población y a los sectores especializados en los temas de impartición y procuración de justicia es un buen augurio para la Reforma al Poder Judicial en marcha y es por eso por lo que conveniente abundar en la reflexión sobre la vinculación entre la democracia y la justicia. Entender a la justicia como un valor democrático vinculado estrictamente a otro valor que es el del bien común es fundamental para tratar de entender la razón de fondo que explica uno de los porqués transitar hacia la elección directa, con el voto popular, de los Ministros, Magistrados y jueces. Vivimos en un sistema que se define como de democracia representativa y participativa. Es decir, una democracia en la que el poder político procede del pueblo y es ejercido por los que resultan electos para tal o cual cargo y en la que a través del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible los ciudadanos toman parte de las decisiones sobre la conformación de los poderes públicos. El involucramiento de las personas en los asuntos públicos es fundamental porque tiene una repercusión directa en sus vidas y en la vida en sociedad; es mediante la participación política de las personas que se genera la corresponsabilidad social sobre el curso y el destino común.
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Pocos saben que existe un Índice de Democracia a nivel mundial (Democracy Index, en inglés) que es una clasificación hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist a través de la cual se pretende determinar el grado de democracia en 167 países – de los cuales 165 son miembros de la ONU, como México-. Resulta relevante porque este estudio se comenzó a publicar en el 2006 y ha tenido actualizaciones prácticamente cada dos años hasta 2022 y porque el estudio se basa en el uso de sesenta indicadore que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. A partir de ahí, se realiza una clasificación de los países conforme a puntaje para determinar si los países tienen democracia plena; países con democracia imperfecta; países con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios. El puntaje entre 8.01 y 10 son democracias plenas; entre 6.01 y 8.0 son considerados democracias deficientes; puntaje entre 4.01 y 6.0 son considerados como regímenes híbridos; y de 0.00 a 4.0 se determinan como regímenes autoritarios. Bueno pues México es considerado como un país de régimen híbrido registrando un puntaje entre 5.01 y 6.0.
En este estudio se señala que un régimen híbrido es un tipo mixto de régimen político que a menudo se crea como resultado de una transición incompleta de un régimen autoritario a uno democrático. Se sabe que los regímenes híbridos combinan características autocráticas con democráticas y pueden celebrar simultáneamente represiones políticas y elecciones regulares. Siendo así la categorización académica que ubica a México como país de democracia híbrida pensaríamos que es muy relevante alejarnos de las concepciones autoritarias y empeñarnos más en avanzar hacia ubicarnos en la categoría de democracia plena en la que la calidad de vida de las personas sea la deseable. Por calidad de vida entendemos el concepto que alude a varios niveles de generalización de la vida en comunidad (compartiendo valores, idioma, costumbres, etc.) y aquellos que tienen que ver con la familia, los individuos, las condiciones laborales, el entorno social y los satisfactores para un desarrollo económico, social y cultural adecuado. Es decir, como se trata de las condiciones de la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, entonces, el bienestar y la justicia son dos conceptos fundamentales para el desarrollo de una sociedad equitativa, justa y sostenible en la cual todas las personas puedan gozar de una vida digna y con igualdad de oportunidades.
Por lo tanto, la calidad de la justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento y organización de los poder público. En este sentido, el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad señala, entre otras cosas, la necesidad de reconocer a la persona usuaria como la razón de ser de la justicia; refiere la necesidad de garantizar el acceso a una justicia de calidad como derecho fundamental del ser humano; desarrollar una debida planificación de la calidad de la justicia; fomentar una justicia con enfoque sistémico integral; reconocer en la justicia la importancia de su talento humano; incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la justicia; establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una justicia confiable y de calidad; realizar la medición de resultados de la gestión de la justicia; garantizar una justicia transparente y con participación ciudadana; e, impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la justicia. Democracia, calidad de la justicia y calidad de vida van de la mano. Bienvenidos todos los esfuerzos democráticos para lograr una Reforma al Poder Judicial que abone a una buena calidad de la misma y que se refleje en una mejor calidad de vida.
