La Reforma Judicial: El “Plan C”

Los pueblos a quienes no se hace justicia se la
toman por sí mismos más tarde o más pronto.

Voltaire

De demos pueblo y Kratos poder, la democracia se define como el poder del pueblo; el 2 de junio pasado el pueblo de México habló claro sobre el futuro que quiere, decidió de forma contundente ponerle un segundo piso a la llamada cuarta transformación del poder público en México.

La gran mayoría de los y las mexicanas elegimos a plena conciencia a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer Presidenta del República y votamos porque su alianza fuera la bancada mayoritaria en el Congreso del Unión para permitir, como ella lo dijo en su campaña, sacar adelante los cambios que requiere el País y el paquete de reformas conocidas como “Plan C”

Estas reformas son aquellas que el 5 de febrero de este año presento el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la virtual Presidenta Electa llevo como parte de sus propuestas de campaña; de entre ellas la de mayor relevancia por lo que implica es la referente a la transformación del Poder Judicial, con alcance a los Poderes Judiciales de las 32 Estados de la Federación.

La reforma plantea cuatro objetivos, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano que fiscalice el desempeño de Ministros, Magistrados y Jueces y nuevas reglas procesales sobre todo en el ámbito de suspensiones a nueves Leyes que haga el Legislativo. (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892010/REFORMA_AL_PODER_JUDICIAL__2_CS.pdf); además de considerar el ajuste a los Poderes Judiciales locales.

Ante su relevancia, la Dra. Sheinbaum hizo un llamado para que se abriera a un dialogo profundo con todas las partes interesadas, litigantes, asociaciones y barras de abogados, legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas, el Poder Judicial Federal y los de las Entidades Federativas, con la finalidad de nutrir la reforma, partiendo de la base de que el proceso electivo es fundamental así como los órganos de regulación del Poder Judicial Federal y de los Estados.

El primero de los foros contó con el Pleno del Poder Judicial y de su consejo de la Judicatura, incluida la Presidenta Norma Piña, las posturas que presentaron fueron en el sentido de reconocer el mandato popular de renovación del Poder Judicial, así como de la necesidad de que para el proceso de renovación de las y los Ministros, Magistrados y Jueces se respete la Carrera Judicial existente y que a ha obtenido buenos resultados.

Coincidieron casi de forma unánime en que la renovación de las personas impartidoras de Justicia se realice de manera escalonada atendiendo a las vacantes que se vallan presentando, debiéndose tener mecanismos que aseguren que quienes participen en los procesos de elección no representen intereses de grupos o ajenos al fin que es garantizar la imparcialidad y honestidad en la aplicación de la Justicia.

Así arrancaron y continuaran en mesas especificas para los demás puntos, hay apertura para escuchar a todas y todos.

CONCLUYENDO

  1. Como lo he escrito en colaboraciones anteriores, el problema nos es que se elijan popularmente de una sola vez o de forma escalonada, de fondo lo que hay que cuidar es el proceso desde su convocatoria hasta su dictamen final.
  • De entrada, sugiero una fase previa y abierta, en que quienes participan se sujeten a una serie de requisitos preselectivos de, conocimiento, carrera, patrimonial e investigación personal, y que de estos surjan las propuestas que hagan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
  • El método de elección también es un buen punto de análisis púes infiere que se revise si es popular en voto directo o indirecto, es decir los electores que participan, pues pudieran ser los propios integrantes de los Poderes Judiciales y además una representación de la sociedad de cada distrito judicial que pueden ser electos por asambleas durante la fase previa del proceso electivo, desde luego ponderando siempre el voto libre y secreto.
  • Escrupulosa fiscalización financiera, si bien es cierto que la reforma propone que no habrá financiamiento ni publico ni privado, deben tenerse reglas claras de que si y que no pueden hacer las personas que participen.
  • En la parte de campaña, ponderar los debates públicos organizados por el Órgano Electoral que proceda y tiempos de radio y televisión iguales para todas y todos, para asegurar que los electores conozcan a los participantes y sus propuestas que deben estar centradas en el espacio a ocupar y a temas judiciales en exclusivo.