De acuerdo con la periodista Peniley Ramírez, existe una investigación sobre María Amparo Casar y personas que han estado vinculadas a MCCI.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresó su “profunda preocupación por la serie de revelaciones que evidencian la utilización de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin ninguna justificación aparente, para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México”.
Lo anterior, luego de que la periodista Peniley Ramírez publicó en el diario Reforma una columna en la que aseguró que existe una investigación de la UIF de la Secretaría de Hacienda (SCHCP) sobre la presidenta de la organización, María Amparo Casar, así como sobre su fundador, Claudio X. González, Max Kaiser “y otras cuatro personas que también fundaron la institución, además de abogados que han litigado para ellos o los han representado”.
En un comunicado, MCCI señala que “el uso arbitrario de los poderes del Estado en contra de ciudadanos que únicamente ejercen su libertad de expresión, como es el caso de nuestra presidenta María Amparo Casar y otras personas integrantes de la sociedad civil y del periodismo, es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático”.
“El poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios como el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex. No a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales”, señala.
La organización enfatiza que “en un régimen democrático no debería haber espacio para la persecución con fines políticos de quienes, con su trabajo, evidencian problemas que el gobierno debe resolver”.
Considera que quien denuncia un acto de corrupción “no debe ser ni adversario ni enemigo del gobierno sino un aliado para enfrentar esta terrible lacra que sigue tan presente como siempre en nuestro país”.
En mayo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señalaron a María Amparo Casar de supuestamente haberse reunido hace casi 20 años con el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, para pedirle que se modificara la causa de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien era trabajador de la petrolera y presuntamente se suicidó, para hacerla pasar por un accidente de trabajo y poder cobrar una pensión por ello.
Casar negó haber cobrado indebidamente la pensión y acusó “abuso de poder” y “persecución política” por parte del gobierno.
Padilla García era coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex y falleció el 7 de octubre de 2004 tras caer de una ventana del piso 12 de la Torre de Pemex, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El exprocurador, Bernardo Bátiz, dijo que no recordaba haberse reunido personalmente con Casar. “No recuerdo esa reunión, pero pudo haber sido, no niego que haya podido ser, no tengo los detalles de todo lo que pasaba esos días, recibíamos más de 400 asuntos diarios en la procuraduría y no puedo decir que estuve yo en esa reunión, no me acuerdo, pero tampoco niego que pudo haber sucedido”.
Bátiz sostuvo entonces que confiaba plenamente en la buena memoria del presidente y en los apuntes que López Obrador ha tomado siempre, por lo que aunque no lo recuerda, no niega que haya ocurrido. “Yo confío plenamente en la buena memoria del presidente, tiene 20 años menos que yo y tiene mucha mejor memoria, yo no recuerdo esa reunión, pero no niego que haya sucedido, pudo haber sucedido, él la menciona, yo en este momento no la recuerdo, pero sí puedo decir que tratamos el asunto con toda seguridad”, dijo.
El gobierno federal difundió el expediente sin testar del caso, lo que motivo la apertura de una investigación del Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) por la difusión de información confidencial y de carácter sensible, de acuerdo con la ley.
La presunta investigación de la UIF
En su columna ‘Linotipia’ de este sábado, Peniley Ramírez asegura que tras la publicación por parte de MCCI -en mayo de 2023- de una investigación titulada “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”, la UIF presuntamente envió a todos los bancos del país para requerirles información sobre estados de cuenta, créditos y transacciones de varias personas relacionadas con Segalmex,
La periodista señala que tuvo acceso a los oficios y que en éstos se solicitó “información de un empresario que sirvió de prestanombres, otro que estuvo preso y comenzó a cooperar con las autoridades, el apoderado legal y la administradora de varias empresas fantasma, entre otras personas”.
Asegura que en esa misma lista, la UIF incluyó entre los investigados a María Amparo Casar, presidenta de MMCCI.
Casar, según la cita de Ramírez, dijo que no había sido notificada de la investigación en su contra. También Claudio X. González y Max Kaiser negaron tener conocimiento de ello, aunque dijeron a la reportera que no les sorprendió enterarse debido a sus críticas al gobierno. Los dos últimos dijeron que no forman parte de MCCI desde mediados de 2020.
De acuerdo con la investigación difundida en mayo del año pasado por MCCI, Hugo Buentello Carbonell, a quien identifica como amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó como funcionario de Segalmex un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche, de las que señaló que no existe evidencia de su entrega.
También lo señaló como responsable de la adjudicación millonaria a la empresa multinacional ILAS, que en 2019 fue acusada por la UIF de participar en una trama de lavado de dinero a través del envío de alimentos a Venezuela.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Por esas fechas, Latinus también difundió información sobre Buentello, de quien dijo que es accionista de Industrias Wohl, que lidera la marca de muebles “Grava y arena”, colocados en distintas obras urbanas por la SEDATU desde el 2022.
Las presuntas investigaciones de la UIF a María Amparo Casar, Claudio X. González, Max Kaiser y otras personas que están o estuvieron relacionadas con MCCI, se suman a las presuntas investigaciones contra el periodista Carlos Loret de Mola, el comediante Víctor Trujillo y otras empresas relacionadas con Latinus, de acuerdo con las informaciones difundidas por Peniley Ramírez la semana pasada en Reforma.
Presuntas investigaciones a Loret de Mola y Latinus
La periodista señala que además de las empresas mencionadas, la UIF también investiga la empresa ‘La Nota es la Nota SC’, propiedad de Loret de Mola y que produce su programa en W Radio, así como CG Limited Consulting, la empresa propietaria de la marca Latinus.
El pasad0 24 de junio en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una persecución contra Loret de Mola. “Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie. Que [Loret de Mola] no nos agarre a nosotros de excusa, de pretexto”, dijo.
“Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, por mis principios, pero también políticamente. ¿Qué voy yo a andar ordenando que se investigue a Loret de Mola, si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados?”, señaló.
