La UASLP otra vez en el ojo del huracán tras el reciente nombramiento de Urenda Queletzú Navarro Sánchez, de quien no existe evidencia de que haya completado un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se encuentra en el centro de una controversia tras el reciente nombramiento de Urenda Queletzú Navarro Sánchez como abogada general. Aunque su designación marcó un hito histórico al ser la primera mujer en ocupar este cargo, una serie de documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) han puesto en duda su probidad moral y profesional.
Documentos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la propia UASLP revelan que Navarro Sánchez ha sido acusada de usurpar un grado académico de doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Según la información obtenida bajo los folios 330018924000011 y 240477624000042, no existe evidencia de que Navarro Sánchez haya completado el mencionado doctorado.
A pesar de haber recibido una beca de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cursar estudios de posgrado, los registros indican que su máximo grado académico es una maestría.
El titular de la rectoría de la UASLP, quien tiene el derecho de integrar a su equipo de trabajo, enfrenta ahora la petición de rectificar su decisión debido a las serias implicaciones de estas acusaciones. Universitarios y universitarias han expresado su preocupación, argumentando que permitir que alguien con tales irregularidades académicas ocupe un puesto de tan alta responsabilidad podría dañar la integridad de la institución.
Capturas de pantalla de publicaciones oficiales y organigramas muestran a Navarro Sánchez ostentándose como doctora. La Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU) también la ha felicitado en este sentido, exacerbando las sospechas de usurpación de funciones.
Conforme al Capítulo VI del Código Penal Federal, la usurpación de funciones profesionales es un delito que puede ser sancionado con prisión de uno a seis años y una multa significativa. La comunidad universitaria está a la espera de una respuesta oficial del rector y de la posible reconsideración del nombramiento de Navarro Sánchez.
