La ministra fue designada en 2021 por el Senado, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha mostrado su desacuerdo con la propuesta de que los ministros sean electos por voto popular.
La Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a la ministra Loretta Ortiz Ahlf la acción de inconstitucionalidad 116/2024, interpuesta por diputadas y diputados de oposición en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La ministra, quien fue fundadora de Morena y militante de ese partido hasta 2018, será la responsable de decidir si admite o no a trámite la impugnación presentada por diputados opositores el pasado 28 de mayo.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relacionado con la acción de inconstitucionalidad hecha valer por diversas diputadas y diputados del Congreso de la Unión”, se lee en el listado de notificaciones de la SCJN.
“Túrnese este expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la subsecretaría general de acuerdos de este alto tribunal. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, menciona, sobre la exdiputada federal de Morena y PT entre 2012 y 2016.
¿Quién es Loretta Ortiz?
Ortiz fue confirmada por el Senado el 23 de noviembre de 2021, con 92 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, tras ser propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Formó parte del Consejo de la Judicatura Federal desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2021; fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros cargos.
En noviembre de 2023, se manifestó en contra de la designación de los ministros de la SCJN por voto popular, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que cuenta con el respaldo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para aprobarla en septiembre de este año.
Durante un foro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conducido por Carmen Aristegui y Javier Solórzano, y en el que participaron los ministros Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat, dijo que no considera “adecuado” el sistema propuesto, debido a la especificidad del perfil que deben tener los integrantes del máximo tribunal.
Además, estimó que los ministros no deben actuar buscando su “popularidad”, y citó el caso de un magistrado estadounidense, quien decidió un asunto sobre la pena de muerte basado en la aceptación social que tendría esta decisión. “Esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial”, narró Ortiz que le dijo el juez.
En dicho foro, Loretta Ortiz dijo que tras recibir la ponencia del ministro Arturo Zaldívar luego de su salida de la Corte para incorporarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, se quedó con “muchos pendientes”.
El ministro en retiro, quien ha participado como parte del equipo de la virtual presidenta electa en la discusión de la posible reforma judicial, negó que dejase muchos asuntos pendientes y acusó a Ortiz de haber dejado 14 temas pendientes más que él cuando cambio de adscripción.
¿En qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar?
El fondo considera una bolsa inicial de hasta 40 mil millones de pesos obtenidos de cuentas de fondo para el retiro inactivas, para garantizar jubilaciones con el 100% del último sueldo, y establece un tope de 17 mil pesos.
El pasado 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día del Trabajo con la firma del decreto, que fue publicado en la edición vespertina del DOF ese mismo día.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el fondo tendría una vida útil de 10 años y dijo que no se trataba de un fondo de pensiones general.
“No es un fondo de pensión general, sino que es un fondo para igualar a los retirados bajo estos esquemas, a partir de la reforma de (pensiones) de 1997”, dijo Ramírez de la O el pasado 7 de mayo, durante la clausura de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México.
Al anunciar la acción de inconstitucionalidad, los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Jorge Romero, Rubén Moreira y Francisco Javier Huacus, respectivamente, señalaron que pretenden impedir que el gobierno disponga de los recursos de las afores, al considerar que es “un saqueo a los mexicanos”.
Entonces, Moreira señaló que esperaban un “procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”.
El nuevo fondo de pensiones utilizará recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondo para el retiro (afores) de mexicanos trabajadores con 70 años en el sector privado y de 75 años en el sector público.
La reforma señala que no se dispondrá de los recursos de personas que hayan cumplido el requisito de edad, mientras se encuentren de manera activa en la formalidad.
La propuesta prevé más fuentes de financiamiento para el mismo fondo de pensiones en el futuro, como adeudos de diversas entidades por más de 88,500 millones de pesos.
Además, recursos producto de la enajenación de bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y recursos procedentes de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, extinguido en 2023.
