Por: El Diablo Cojuelo
ESPALDO: Luego de la terrible tragedia que conmocionó a todo San Luis Potosí y que costó la vida de por lo menos dos jóvenes al desplomarse un barandal en el antro Rich, la Fiscalía General del Estado, encabezada por María Manuela García Cázares, se reunió con las familias de las víctimas mortales a quienes refrendó un total respaldo para trabajar de manera inmediata para garantizar que se aplique la ley, que el hecho no queda impune y que exista un acceso integral a la justicia. Lo sucedido en este antro debe ser un ejemplo claro de lo que puede ocurrirle a todos aquellos que violenten las normativas y que pongan en riesgo la vida de los jóvenes potosinos, así como de la sociedad en general.
CERO IMPUNIDAD: Tras advertir que no habrá impunidad en San Luis Potosí, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, reveló que las personas que se encuentran detenidas y vinculadas con el “fraude del siglo” en la Dirección de Pensiones están en condiciones de cubrir la reparación de daño a través de sus defensores, quienes buscan alcanzar una negociación con las autoridades. Desde un inicio se había dicho que la intención no era mantener a la gente en la cárcel, sino que devolvieran aquello que le habían robado los potosinos y que bien podría haber sido aplicado en obras o, como en este caso, en saldar una de las deudas más grandes que se tiene con los jubilados y pensionados de San Luis Potosí. Es preciso que las autoridades competentes procedan y sancionen a todos aquellos que resultan responsables por este y otros ilícitos en perjuicio del erario público.
SIN RIESGO: En días pasados se dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Tamaulipas habían diseñado un proyecto para extraer agua del río Tampaón, cuyo cauce pasa por la Huasteca Potosina. En torno a esta estrategia se generaron muchas especulaciones, pero según aclaró el Gobierno del Estado, no existe riesgo alguno de que las reservas acuíferas de la región puedan verse afectadas por la sobreexplotación que podría representar esta estrategia. No es que no se quiera compartir el agua con la gente que lo necesita, el problema es que hay una crisis generalizada y es preciso defender el recurso, porque en tierras potosinas también hace falta.
CLANDESTINA: La noche del pasado martes se informó a través de redes sociales sobre la presunta explosión que se había registrado en un taller clandestino de pirotecnia ubicado en una comunidad de Mexquitic de Carmona. Las autoridades de Protección Civil confirmaron el hecho y también informaron que se había procedido con la clausura del mismo. Esta no es la primera ocasión en que se registra un hecho de esta naturaleza en la zona, parece que se sigue operando sin el respeto a la normativa correspondiente y ello representa un riesgo latente para la población. Es claro que las autoridades ya no deben proceder con clausuras, sino con sanciones ejemplares para evitar que se siguen corriendo en esta irregularidad.
ESTAFA: Madres y padres de familia cuestionaron a funcionarios de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), sobre la validez de sus estudios de sus hijos, debido a que desde hace un año de forma continua preguntaban sobre este tema y les manifestaban que todo estaba bien, pero ahora nadie reconoce a la validez de la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Carranza. Es bien sabido que como esta institución, existen muchas otras que están prestando sus servicios en tierras potosinas, pero las autoridades siguen siendo omisas ante los reclamos de los estudiantes. A estas alturas, resulta evidente que si hay una estafa o un perjuicio en contra de la comunidad universitaria, este se está dando con la presunta complicidad de las autoridades educativas. El tema debe atenderse con urgencia antes de que explote o siga creciendo.
MIEDO: “Tenemos miedo” afirmaron estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que la tarde de este martes la abogada general Urenda Navarro Sánchez los amenazara y amedrentara para liberar las instalaciones, lo cual no harán hasta que sean escuchados y se reponga el proceso de elección de directora. El miedo resulta completamente lógico y entendible, la rectoría y la universidad están completamente desesperadas por recuperar un espacio al que nunca le prestaron atención. Los estudiantes están en todo su derecho de reclamar. A fin de cuentas, lo que están pidiendo resulta completamente válido y debe ser atendido por las autoridades correspondientes.
EMBARGOS: El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que, podrían embargar a alrededor de 600 exfuncionarios públicos municipales, quienes fungieron como presidentes, regidores, síndicos, tesoreros y directores de área en administraciones municipales anteriores a 2017, debido a que existe un adeudo que suma 343 millones 302 mil 289 pesos por concepto de sanciones resarcitorias, cuyo pago han omitido. Desde que el Congreso aprobó la transformación de la Auditoría al ahora Instituto de Fiscalización quedó claro que había la confianza de que se vigilara y procediera en defensa del buen uso de los recursos públicos. Es ahora el momento de que se demuestre cuál fue el fin y qué carácter tiene el titular de esta institución.
