La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción organizan esta capacitación clave
La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) han unido esfuerzos para ofrecer un curso virtual titulado “Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción y Declaración Patrimonial”, enfocado en la modalidad de Modificación.
Este curso está dirigido a alcaldes, síndicos y regidores municipales, contralores, sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y servidores públicos interesados en elaborar su declaración patrimonial.
La declaración patrimonial para servidores públicos se divide en tres etapas: inicio, modificación y conclusión. Aquellos que ocupan un cargo público deben presentar la declaración de inicio y conclusión en los 60 días posteriores a su nombramiento y cese, respectivamente.
La declaración por modificación debe realizarse anualmente durante el mes de mayo. Por esta razón, es fundamental que los contralores municipales formen parte activa de la Plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción.
El objetivo de este curso es proporcionar a los servidores públicos municipales las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones en materia de declaración patrimonial, así como para entender la importancia y el impacto de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción en la gestión pública local.
Las inscripciones para participar en este curso se encuentran disponibles a través de las redes sociales de la dependencia. Se espera una amplia participación de los funcionarios municipales interesados en fortalecer la transparencia y la integridad en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo así a la construcción de una administración pública más ética y responsable en el estado de San Luis Potosí.
Este tipo de iniciativas demuestran el compromiso del gobierno estatal por promover una cultura de legalidad y rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública, en línea con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.
