Por: El Diablo Cojuelo
VIGILANTES: Ante la posibilidad de que alguna autoridad municipal, estatal o federal haga mal uso de los recursos públicos que deberían ser para beneficio de los potosinos, el titular del Instituto de Fiscalización Superior en el Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, aseguró que están vigilantes de que no haya distracción de los recursos públicos para las campañas electorales y advirtió que, de detectarse, serán sancionados los responsables. Es importante que se garantice un clima de respeto a este tema porque es evidente que los recursos públicos no deben emplearse para promocionar a ciertos perfiles que buscan llegar a los diferentes cargos de elección popular.
INELEGIBLES: Cuatro candidaturas a diversos cargos han tenido que ser sustituidas de las 14 personas que se detectaron dentro de las conductas establecidas por la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia, de ocupar cargos de representación popular. Es de reconocerse el trabajo que se está haciendo para hacer valer la ley e impedir que perfiles cuestionables o que no cumplen con los requisitos de elegibilidad puedan ocupar distintas posiciones de poder. Los partidos tienen que ser más cuidadosos y atender una exigencia ciudadana que ha venido cobrando fuerza porque es claro que la gente ya no quiere candidatos impresentables y menos funcionarios con pasados oscuros.
AUSENTE: A pesar de que los debates resultan fundamentales en el proceso electoral para que los ciudadanos buscan contrastar las propuestas, los puntos de vista y el plan de trabajo que cada candidato tiene, muchos de ellos han optado por dejar de lado estos encuentros, tal como hizo la abanderada de Fuerza y Corazón por San Luis Potosí en el Distrito 8, Aranzazú Puente, quien prefirió dejar plantados a los organizadores y a los ciudadanos en el debate que se llevó a cabo el pasado viernes. Es lamentable que quieran ser representantes populares y se nieguen al diálogo, peor aún en su caso porque ya es diputada y tiene muchas cuentas que rendirle a los potosinos.
SEGURIDAD: En San Luis Potosí, hasta el momento ya suman 33 las y los candidatos a cargos de elección popular federal y local que han solicitado apoyo personalizado de seguridad para el desarrollo de sus campañas, por lo que serán atendidos mediante las solicitudes que han presentado a través del Instituto Federal Electoral (INE) como del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Es cierto que las condiciones de seguridad no se han descontrolado y que existe cierto orden a favor de la ciudadanía, sin embargo, es necesario que las autoridades estén actuando con precisión para garantizar la paz en el proceso electoral.
SIN DUDA.- La candidata Sonia Mendoza no se anda por las ramas y presenta un gran avance en el desarrollo de su campaña, donde ha tenido una muy buena aceptación de la población sobre sus propuestas, pues la gente se ha dado cuenta que sus promesas son verdaderos compromisos y no ocurrencias, como ocurre con otros candidatos que ya han formado parte de la administración municipal y que no han sabido responderle a la población.
PASO FIRME.- Además, la candidata de la coalición “Juntos Seguimos Haciendo Historia por San Luis”, sigue con paso firme rumbo a la elección del próximo 2 de junio, donde tiene amplias posibilidades de rescatar la ciudad Capital del olvido y la corrupción que han sumido a la administración por malas decisiones de quienes han estado al frente y quienes solo ven por los intereses de grupos y no por los la ciudadanía en general. Sonia Mendoza es una mujer de compromisos y respuestas.
RESGUARDO: A propósito del proceso electoral, el director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Crisógono Sánchez Lara aseguró que, se resguardan los vehículos oficiales de la institución para evitar que se les dé un mal uso, como seria utilizarlo en cuestiones proselitistas. En ocasiones anteriores, se llegó a ver vehículos de la Secretaría de Salud o de Educación, así como vehículos oficiales de diputados en eventos proselitistas sin que hubiera sanciones, ahora, por lo menos, se debe reconocer la voluntad para frenar estos abusos e impedir que se empleen de mala manera.
10 DÍAS: Víctimas cumplieron este sábado 10 días plantadas fuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para exigir la destitución de la Ombudsperson Giovanna Itzel Argüelles Moreno y de la visitadora Laura Aguilar por violentar sus derechos humanos y no atender sus quejas. Curiosamente, sobre este tema y a pesar de las demandas que existen por parte de la ciudadanía, los diputados locales han afirmado que no hay causales para que se pueda proceder con la destitución de la presidenta de modo que su cargo está firme. Dicen que buscarán acuerdos con los quejosos. A ver si es cierto.
URGENCIA: La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputada Claudia Tristán Alvarado confió en que, pronto se solucione el problema con los maestros de Telesecundaria, para evitar que los estudiantes continúen perdiendo clases. En este tema se debe reconocer que el conflicto no es exclusivo de las telesecundarias, porque se ha visto que hay conflictos importantes en otros niveles y subsistemas educativos. Las autoridades de este sector tienen que actuar con urgencia y precisión para evitar que estos temas se puedan salir de control y afecten a la comunidad escolar.
