Conforman una nueva Comisión Jurisdiccional para reponer el proceso
El Congreso del Estado reabrió procedimiento de juicio político en contra del presidente municipal y Cabildo de San Luis Potosí, de la administración 2018-2021, luego de un fallo a favor del exalcalde interino Alfredo Lujambio Cataño.
Esto, por la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en materias Civil y Administrativa a favor de Alfredo Lujambio, por lo que el Pleno del Congreso conformó una nueva Comisión Jurisdiccional para reponer el juicio político, pues en el año 2021 lo inhabilitó para formar parte de la administración pública.
La Comisión Jurisdiccional quedó integrada por los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández como presidente, Martha Patricia Aradillas Aradillas como vicepresidente y Miguel Ángel López Salas como secretario, quienes rindieron protesta ante la Directiva.
Juan Francisco Aguilar expuso que, se reabrió el juicio político derivado de una resolución de un tribunal colegiado donde ordena reponer el procedimiento para que no se vulnera el derecho de audiencia y pueda resolver lo que en derecho corresponde y someter el dictamen al Pleno.
Es un tema del desacato a una suspensión, es un juicio político que presentaron una comunidad agraria y en ese sentido vamos a velar a la comisión jurisdiccional, ver que es el procedimiento correspondiente sin alterar el derecho de audiencia para después dictaminar y resolver y que se someta al pleno”.
El legislador manifestó que, el Tribunal señaló que hay una violación del derecho de audiencia y se tiene que reponer todo el procedimiento para darle ese derecho que tiene constitucionalmente a que ser oído dentro de esta comisión jurisdiccional.
Lujambio Cataño fue sometido por el Congreso del Estado a un juicio político, en conjunto con el exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios, y parte del Cabildo capitalino de la administración 2018- 2021, por el desacato a una suspensión ordenada por un juzgado, ante un amparo promovido por ejidatarios de Rancho Viejo – La Libertad, quienes alegaban que el Gobierno Municipal invadió sus tierras para una obra pública.
