Como ha ocurrido desde el México independiente, la Constitución se ha convertido en el campo de batalla entre dos proyectos de nación: el social-popular y el neoliberal. Las iniciativas legales de reforma constitucional del presidente López Obrador se ubican en este escenario político-ideológico.
Los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto realizaron 496 reformas a los principales artículos constitucionales, el 63 2% del total de las reformas constitucionales de 1920 a 2018.
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Aprovechando la mayoría priista e imponiendo el autoritarismo presidencialista sobre los legisladores del PRI, los presidentes De la Madrid, Salinas y Zedillo modificaron el carácter del Estado social de la revolución y la posrevolución para transitar del México del proyecto social popular al proyecto neoliberal.
El punto de inflexión fue la redefinición del Estado: con objetivos históricos de promotor del bienestar social y de lucha contra la desigualdad, en el Gobierno de López Portillo el Estado ya no pudo cumplir con el proyecto nacional de defensa de las clases no propietarias y el presupuesto sólo alcanzó para cubrir los mínimos de bienestar de los más pobres; es decir, el Estado declinó de su tarea de Justicia social para pasar a un Estado administrador de la pobreza.
La redefinición del Estado con López Portillo ocurrió en 1980 con el Plan Global de Desarrollo entregado por Miguel de la Madrid como secretario de Programación y Presupuesto; la declinación del papel del Estado corrió a cargo de Salinas de Gortari como director de política económica y social y sus entonces operadores Manuel Camacho Solís en lo político y Joseph-Marie Córdoba Montoya en lo económico. La reforma del Estado de De la Madrid en 1983 la explicó Salinas en 1985: el Estado social descendió a la mera función presupuestal de Estado autónomo sin compromisos sociales.
En pocas palabras, Salinas redefinió el papel del Estado mexicano en un discurso pronunciado en la UNAM: “algunos consideran que la acción del Estado es un reflejo de los grupos en pugna. Y en particular lo consideran un mero mandatario de los grupos dominantes. Otros suponen que el Estado es la instancia que crea y organiza la sociedad-sin embargo, posiciones así de extremas pueden resultar simplistas. La vida política no puede reducirse a la dinámica de las fuerzas socioeconómicas. El estado no es la arena política en donde se dirimen los conflictos sociales. Hay una autonomía relativa del Estado de los diferentes grupos que actúan y compiten en una sociedad plural. Por ello debe rechazarse la posición reduccionista que considera que las formas del Estado varían simplemente en correspondencia de los modos de producción”.
El modelo neoliberal de De la Madrid a Peña Nieto se basó en la desestatización del Estado y la transformación del Estado en una mera burocracia administradora del sector público. El viejo modelo constitucional del Estado social se basaba en el principio de que el Estado era el espacio de decisión del poder político para beneficiar el equilibrio social potenciando a las clases no propietarias por encima de las clases dueñas de los medios de producción.
De 1982 a 2018, el Estado mexicano abandonó su origen social y se convirtió en gestor del funcionamiento de la economía privada, inclusive trasladando la fuerza económica del Estado a través de paraestatales a la propiedad privada, un proceso de desestatización social y empresarización de la economía pública que ha representado el empresario Carlos Slim Helú y los banqueros que compraron los bancos estatizados para regresarlos a empresas de especulación para la acumulación privada de capital y riqueza.
En lo general, las reformas legales del sexenio del presidente López Obrador –y el reciente paquete legislativo– tienden a reconstruir la hegemonía económica del Estado, pero a la espera de que ese Estado también redefina sus objetivos de prioridad social y no empresarial. Sólo que las iniciativas de López Obrador que quieren reconstruir el Estado tendrían que pasar por un período de recuperación de aquellas empresas públicas que fueron rematadas a la nueva plutocracia, entre ellas, Teléfonos de México, el sector siderúrgico e importantes sectores petroleros y eléctricos que la reforma neoliberal del Gobierno de Peña Nieto entregó a los empresarios privados en detrimento de Pemex y la CFE.
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Política para dummies: la política es la tinta con la que se escribió y firmó la Constitución mexicana.
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