La investigación gubernamental sobre el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio horas después de haber suscrito un pacto político antisalinista con Manuel Camacho Solís que irritó profundamente al presidente Carlos Salinas de Gortari está llena de contradicciones y hoyos judiciales porque los cuatro fiscales especiales fueron designados para darle el carpetazo al asunto antes de la alternancia partidista en la presidencia.
Ahora se revive la tesis del segundo tirador, pero en 1999 el fiscal Luis Raúl González Pérez no pudo explicar de manera pericial la segunda ojiva: la bala atravesó la chamarra del candidato, la camisa, la parte superficial del brazo, la chamarra en el tórax, la camisa y en sedal la piel superficial del pecho y milagrosamente cayó en vertical pegado al cuerpo del asesinado.
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Esto fue una de las situaciones inexplicables en la investigación del asesinato en el periodo 1994-2000, sobre todo a partir de la contradicción original que sustenta todas las dudas razonables y hasta irrazonables: el primer fiscal especial de la investigación fue sacado de la Suprema Corte de Justicia a petición de la viuda Diana Laura Riojas y sus primeras conclusiones presentaron pruebas de que se había tratado de una “acción concertada” y con la complicidad del entorno de seguridad del candidato, pero el presidente Salinas de Gortari utilizó todo el poder institucional para obligar al fiscal Miguel Montes García a desdecirse, cambiar su tesis en 180 grados y concluir que había sido un asesino solitario.
Ahí, en ese momento, el caso Colosio se politizó y entró en el escenario de una política de Estado, en tanto que la primera tesis de acción concertada había planteado un crimen de Estado, un crimen del poder, un crimen político dentro del grupo gobernante. El contexto ayudó a consolidar esta escenario: la ruptura de Colosio con Salinas con el discurso del 6 de marzo, la carta de Ernesto Zedillo Ponce de León –cinco días antes de Lomas Taurinas– como jefe de campaña dirigida al candidato para exigirle que volviera a realizar un pacto político con el presidente de Salinas, la decisión del candidato de convertir en su segundo destape el mitin que le preparaba el gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones en Hermosillo a su regreso de Tijuana y la determinación de Colosio de desalinizar su equipo de campaña comenzando con el desplazamiento de Zedillo por su complicidad con Salinas y sobre todo con el superasesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya.
Todos estos elementos fueron desdeñados, manipulados y tergiversados por los cuatro fiscales especiales designados por el presidente Salinas y su sucesor Zedillo, las dos figuras que aparecían como ejes centrales de todas las hipótesis de crimen del poder. Zedillo inventó acusaciones contra Raúl Salinas para encarcelarlo y romper con su antecesor Carlos Salinas, justo en el momento en que crecía la hipótesis de que su presidencia presentaba a Zedillo como el beneficiario del crimen.
Aunque la reapertura del caso Colosio tiene poco más de un año en el escenario político, ha encontrado referentes inevitables en el contexto de la elección presidencial de junio del 2024: el intento de Zedillo de regresar a México, el interés de Luis Donaldo Colosio Riojas por deslindarse del caso de su padre porque le estorba en su carrera polígtica, el regreso de la política del exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones, el papel político clave del actual gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño en el entorno de López Obrador y Claudia Sheinbaum y el recordatorio de que había sido acusado por Zedillo de haber filtrado su carta del 19 de marzo a Colosio para revitalizar la tesis del crimen político.
Otro de los puntos muy sensibles del último fiscal especial, Luis Raúl González Pérez como parte del primer círculo del salinista Jorge Carpizo McGregor, fue la declaración ante el Ministerio Público del expresidente Salinas, del presidente Zedillo, del expresidente Echeverría, de Manuel Camacho Solís y de Córdoba Montoya, sobre todo porque dieron versiones contradictorias y de desmentido entre ellos y el fiscal sólo se redujo a mero mecanógrafo encargado de transcribir las declaraciones sin ejercer su papel de fiscal investigador y atender y resolver las contradicciones y desmentidos entre los declarantes. Es decir, González Pérez no fue el fiscal investigador que debía obligar a los declarantes a decir la verdad.
El caso Colosio sigue abierto porque cuatro fiscales condujeron una investigación sospechosa.
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