El titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGE) José Luis Ruíz Contreras, confirmó la detención de 7 personas involucradas en el desfalco a la Dirección de Pensiones del Estado, por el orden de los 200 millones de pesos, sin embargo se advierte que conforme avancen las investigaciones el monto podría superar los 700 millones de pesos. Además de que la investigación arrojó el contubernio de una institución bancaria y personas morales (ajenas a la institución).
A pesar de las siete personas detenidas, no descartó que pudieran haber mas involucrados, entre ellos los ex funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Finanzas por pertenecer a la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones, así como citar a comparecer a algún ex gobernador.
Los detenidos enfrentan el delito de ejercicio abusivo de la función pública que establece una sanción de 2 a 12 años, mientras que por peculado la pena es de 2 a 5. Se confirmó que los detenidos fueron ya trasladados para ser presentados ante el juez de control y se pueda resolver su situación jurídica en un plazo de 3 o 6 días de acuerdo a los términos legales que permite la ley.
El abogado del Estado, informó que las detenciones tuvieron lugar en la Capital del Estado y se realizaron cateos de algunos bienes inmuebles donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama. Los detenidos son Arturo N., gerente y representante legal de una institución bancaria, el ex tesorero de la Dirección de Pensiones Ricardo N., así como Ana Lilia N., Juana Patricia N., actual servidora, Neftalí N., Manuel N. y Ana Paola N.
José Luis Ruiz Contreras, explicó que la forma de operar fue mediante la tesorería, donde se tenía la facultad de tener acceso a las cuentas bancarias de la Dirección de Pensiones, sin embargo, en el transcurso de los años, se debieron manejar tan sólo 4 cuentas bancarias, sin embargo se aperturaron 60 cuentas bancarias que les permitieron a los involucrados aumentar ampliamente su patrimonio mediante la triangulación de los recursos que eran provenientes de la retención de los derechohabientes que en su momento accedieron a créditos hipotecarios.
La investigación corresponde de los años 2020 hasta una parte del 2023, pues la denuncia se interpuso en noviembre de 2022 por lo que se encuentra abierta sin descartar que puedan existir más personas involucradas. Cabe señalar que los funcionarios estuvieron en contubernio con una persona moral (Trapeza Market Argentarii) quien facilitó el beneficio para todos los involucrados.
