La «ley Egalim’ garantiza que los precios que industriales y distribuidores pagan a los agricultores tienen que cubrir como mínimo sus costos
Cientos de kilómetros de las autopistas en Francia se encontraban este viernes cerradas al tráfico, incluidos varios tramos en los dos principales accesos a España, por las protestas de los agricultores, que han aumentado la presión al Gobierno, que debe darles una primera respuesta esta tarde.
Uno de los ejes más afectados desde la mañana por los bloqueos de los agricultores, que han sacado miles de tractores a las carreteras, era el que va de Lyon a la frontera española de La Junquera.
Así, la Prefectura (delegación del Gobierno) de los Pirineos Orientales indicó en su cuenta de X que la autopista A9 estaba cerrada desde el peaje de Le Boulou en los dos sentidos en todo el departamento, y también estaba bloqueado el acceso al mercado de frutas y verduras de Saint Charles, a las afueras de Perpiñán, así como la carretera de Andorra por el puerto de Puymorens.
En el otro extremo de los Pirineos, la autopista A63 que comienza en la frontera española del País Vasco, estaba cerrada en Bayona y la A64 en dirección de Tarbes, según Bison Futé, el organismo de información sobre el tráfico.
Esa misma A64 continuaba bloqueada al sur de Toulouse en Carbonne, donde despegó este movimiento el jueves de la semana pasada.
En torno a París, los responsables locales del primer sindicato agrícola, la FNSEA, han organizado bloqueos desde las 14.00 locales (13.00 GMT) en cinco de las principales autopistas de acceso a la ciudad, la A1, la A6, la A10-A11, la A13 y la A15.
Todo eso en previsión de la comparecencia a las 16.30 (15.30 GMT) del primer ministro, Gabriel Attal, que tiene previsto anunciar un primer paquete de medidas en respuesta a sus reivindicaciones desde una explotación agrícola de la localidad de Montastruc, a unos kilómetros al noreste de Toulouse.
Antes de eso, dos miembros de su Gobierno, los ministros de Economía y Finanza, Bruno Le Maire, y de Agricultura, Bruno Le Maire, han querido escenificar su movilización en favor del sector agrícola lanzando una serie de advertencias a la industria agroalimentaria y a los grupos de distribución con los que están negociando los precios.
Le Maire anunció que los controles sobre el cumplimiento de la llamada ‘ley Egalim’ que garantiza que los precios que industriales y distribuidores pagan a los agricultores tienen que cubrir como mínimo sus costos, se van a duplicar y que ya se han constatado una serie de infracciones que han dado lugar a una serie de avisos.
«Sólo les doy unos días», ha subrayado el titular de Economía y Finanzas, que ha insistido en que, si no rectifican, las empresas infractoras serán sancionadas con multas que pueden llegar al 2 % de su facturación.
En la misma línea, Fesneau ha denunciado que algunos grupos de distribución puentean las obligaciones que les impone la ‘ley Egalim’ recurriendo a centrales de compra instaladas fuera de Francia (aunque no ha citado ninguna, varias de ellas están en España) para comprar productos a precios inferiores.
«Necesitamos operadores responsables económicamente y patriotas», ha insistido Fesneau, que ha avanzado que Attal va a dar «una panoplia de respuestas» a la que admite que es una «crisis profunda».
