Corte Constitucional de Francia anula polémicas medidas de reforma migratoria de Macron

Los magistrados suprimieron las restricciones impuestas a la reagrupación familiar, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales y el pago por los estudiantes extranjeros de una «fianza» para su retorno.

El Consejo Constitucional francés anuló este jueves las medidas más polémicas de la reforma migratoria del presidente Emmanuel Macron, entre ellas la instauración de cuotas por el Parlamento, la limitación de la reagrupación familiar y la creación de un delito de «estancia irregular».

«El Consejo Constitucional censura 32 artículos de ‘la ley para controlar la inmigración, mejorar la integración’, que contaba con 86». Eso anunció el alto tribunal, que modificó también otros cinco artículos de esta reforma, cuya aprobación generó una grave crisis en el oficialismo.

Los nueve «Sabios», como se conocen a los miembros del tribunal, suprimieron las restricciones impuestas a la reagrupación familiar. También el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales y el pago por los estudiantes extranjeros de una «fianza» para su retorno.

Reforma migratoria

Otras de las medidas eliminadas son la reintroducción de un delito de estancia irregular, la instauración de cuotas migratorias por parte del Parlamento. Así como la concesión de un visado de larga duración a los británicos con una residencia secundaria en Francia.

El alto tribunal amputa así del texto las principales medidas que la alianza centrista de Macron acordó con la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para lograr su apoyo en diciembre a esta controvertida reforma.

El presidente carece de mayoría absoluta en el Parlamento

El endurecimiento de la ley provocó no obstante una crisis en el partido y en el gobierno de Macron. Que se saldó con la dimisión de un ministro y el cese de casi todos los que criticaron la reforma durante una remodelación del gobierno a inicios de enero.

Miles de personas manifestaron además el domingo contra la reforma. Y sus opositores -asociaciones, colectivos, juristas y sindicatos- denunciaron el jueves cerca del Consejo un texto que atentaba «gravemente contra los derechos de las personas exiliadas».