El plan de refundar Argentina del presidente no solo tiene un frente legislativo, sino también judicial.
Modificar o derogar unas 300 leyes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o una llamada Ley Ómnibus, por la cantidad de artículos, más de 600. El presidente de Argentina Javier Milei abrió en simultáneo diversos frentes de lucha política, financiera e institucional, en apenas un mes en el poder.
Este 10 de enero, a un mes exacto desde que Milei asumió el poder, el mandatario ultraliberal recibió dos buenas noticias. Finalmente el Congreso, donde es minoría en ambas cámaras, comenzó a debatir la Ley Ómnibus y, por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio un espaldarazo al aprobarle 4.700 millones de dólares.
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Lo del FMI se interpretó como un respaldo a las medidas económicas, anunciadas el 12 de diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, que básicamente han consistido en recortes drásticos del gasto público y una megadevaluación del peso argentino, que el Gobierno peronista de Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa habían mantenido retenido artificialmente en medio de políticas de control cambiario (el cepo, como le suelen llamar los argentinos de a pie).
El dinero del FMI, sin embargo, no es dinero fresco para ser inyectado a la frágil economía argentina. Simplemente el FMI garantiza que el país sudamericano pueda cumplir con el plan de pagos con el propio organismo multilateral, tras no cumplir con unos compromisos en noviembre, cuando Massa y Milei se disputaban la Presidencia.
“El Gobierno de Milei podría estar dándole distracción a la clase política tradicional y a la prensa con esta andanada de temas en la agenda. Prácticamente se ha planteado el Gobierno una refundación del país en casi todos los ámbitos. Pero, tal vez, en el fondo es una medida de distracción mientras se ejecuta lo verdaderamente central, que es el ajuste macroeconómico“, sostiene un observador europeo radicado en Buenos Aires y funcionario de una fundación política de Alemania, al ser consultado por medio informativo internacional.
Para el analista Carlos Pagni, columnista de La Nación, Milei tendrá un mandato difícil ya que la sociedad le votó y espera de su Gobierno la estabilización económica, pero “no tiene los instrumentos institucionales para ejecutarla”.
Pagni coincide con la visión de otros analistas en el sentido de que “Milei está obligado a un trabajoso experimento: debe cogobernar con el Congreso”. Eso le implicará “conciliar con la maldita casta”, como le llamó el hoy presidente a la clase política tradicional y, en particular, al poder peronista, fuertemente enraizado en la sociedad argentina.
Tras las elecciones de fines de 2023, el peronismo representado por la coalición Unión por la Patria quedó como primera minoría en el Senado, con 33 bancas, la fuerza conservadora tradicional Unión Cívica Radical (UCR) con 13 escaños, el PRO que controla el expresidente Mauricio Macri con siete y La Libertad Avanza, el partido que postuló a Milei a la Presidencia, también con siete.
En la Cámara de Diputados, Unión por la Patria se mantiene como primera minoría con 101 bancas, seguido por el PRO (37) y La Libertad Avanza (37). “Ningún bloque contará con quórum propio y las tres principales fuerzas deberán negociar entre sí”, adelantó el medio de fact-checking Chequeado.
La falta de ascendencia del Gobierno de Milei sobre el Parlamento se evidenció desde diciembre. El flamante presidente, en aras de responder a la situación de emergencia económica, pidió que se celebrasen sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 26 de diciembre, y tal cosa no ocurrió. El debate parlamentario ha comenzado este 10 de enero.
El Congreso no solo tiene que aprobar o rechazar la Ley Ómnibus y sus más de 600 artículos, sino que en el Parlamento, en caso de conformarse un rechazo mayoritario a Milei, podrían dejar sin efecto el DNU, el decreto presidencial sobre el cual han llovido acciones judiciales de diverso tenor y protestas sindicales, hasta ahora aisladas en la capital de Argentina.
Los legisladores que respaldan a Milei están solicitando que haya una revisión exprés de la Ley Ómnibus en una triada de comisiones y que pase a debate en el Plenario antes de que concluya enero. Si el peronismo juega a dilatar el debate, según adelantan observadores, tiene diversas herramientas institucionales para hacerlo.
De hecho, Massa antes de ser ministro de Economía en el Gobierno de Fernández y candidato presidencial peronista tuvo un rol de articulación parlamentaria por su condición de presidente de la Cámara de Diputados, por lo que conoce las entrañas del Poder Legislativo.
El proyecto de ley que el Gobierno de Milei remitió al Congreso declara en “emergencia pública” al país sudamericano y, en respuesta a tal situación, le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales.
Voceros del Gobierno y diputados libertarios públicamente se muestran confiados en que la Ley Ómnibus se aprobará. Para lograrlo, sin embargo, deberán negociar para alcanzar consensos mínimos.
Comunicacionalmente, el Gobierno de Milei responsabiliza a la clase política tradicional de la crisis económica, siendo Gobierno el peronismo, y de su agravamiento en el actual contexto por la falta de celeridad: “Necesitamos que la política haga su parte. (…) Que se apruebe la Ley [Ómnibus] depende exclusivamente del Congreso Nacional y la política que representa”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien ha responsabilizado al Congreso y su falta de celeridad por el alza en la tasa del dólar.
Finalmente, el juez federal, Enrique Lavié Pico, dictaminó la semana pasada que el receso judicial del mes de enero (periodo de vacaciones en Argentina) no debe ser impedimento para tramitar una infinidad de recursos de amparo presentados en contra del DNU de Milei, incluso algunos que exigen a la Justicia que se declare inconstitucional el DNU anunciado el pasado 20 de diciembre.
De esta forma, el presidente argentino y su plan de refundar al país, con propuestas de reformas en prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y productiva, no solo tiene un frente legislativo, sino también judicial.
