En su momento lo dijo Marcelo Ebrard, “los retos de la 4T son lograr mayor eficacia en el combate a la inseguridad pública y promover una economía que fortalezca el crecimiento de las clases medias”. Los hechos violentos sucedidos en Texcaltitlán, Estado de México, mismos que dieron la vuelta al mundo vía las redes sociales y los medios de comunicación, son la muestra actualizada de una realidad que se vive en muchos territorios del país y que afecta a millones de mexicanos y que evidencia un Estado Mexicano Disminuido.
Más allá de argumentaciones de orden jurídico o de teorías o análisis sobre responsabilidades institucionales y/o de los diferentes niveles de gobierno, los hechos horribles de sangre y muerte que observamos en el municipio de Texcaltitlán reflejan el cansancio de la gente, del pueblo. Las comunidades de esa zona del sur del Estado de México decidieron organizarse y armarse para enfrentar a los criminales que los tenían sometidos a ellos y a sus familias cual viles esclavos que trabajaban para darles dinero y mercancías sin hacer los otros absolutamente nada más que infundir miedo.
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Ante la inacción del o los gobiernos y/o ante la omisión, complacencia o connivencia de las autoridades estalló el hartazgo social y la comunidad tomó sus propias decisiones. La opresión de grupos del crimen organizado que amedrentan y extorsionan a la población cobrando “rentas”, “derechos de piso” o “cuotas” por las actividades productivas de la ciudadanía se ha convertido en una situación generalizada en muchas regiones de México y no es nuevo este fenómeno, por desgracia. El Estado Mexicano se ha visto rebasado desde hace ya años y la corrupción ha penetrado todos los ámbitos y jerarquías de las fuerzas del orden que debieran proteger a la población. Es también necesario señalar que lo acontecido en Texcaltitlán, y en muchos otros lados, no pasa sin que haya habido un conocimiento previo de las autoridades del clima social de tensión que existía en la zona.
Muchos podrán ser los argumentos de los responsables de atender los asuntos en la materia para disculpar, diluir o “aventar la pelota a otro lado”, pero lo cierto es que quiénes habitan en las regiones afectadas (no solo de Texcaltitlán) en todo momento han dado testimonio de que advirtieron a las autoridades lo que se vivía y que nunca hubo la atención ni la respuesta deseada.
Los vacíos se llenan. Y en el caso de vacíos de la autoridad los ocupa el crimen organizado en el país. Podemos ponerle el nombre que se quiera al cártel del narcotráfico o a la banda criminal y podemos ponerles nombres o apodos a los supuestos responsables para hacer una “historia oficial” que permita disminuir la presión política al respecto. Lo que no se puede hacer es “tapar el Sol con un dedo” y no ver la gravedad del problema que enfrentamos.
Desde hace muchos años y habiendo pasado ya gobiernos federales del PRI, del PAN y ahora de Morena, la realidad del avance del control de las bandas de criminales sobre territorios completos es más que clara. Es más, las evidencias de que se han extendido a otras actividades y ahora ponen candidatos para luego tener gobernantes en los municipios y en los Estados es un señalamiento recurrente que tiene sustentos argumentativos en muchas ocasiones y a veces hasta pruebas irrefutables.
Dentro de los retos prioritarios del siguiente gobierno federal están, sin duda: Restablecer el orden jurídico; recobrar la autoridad del Estado Mexicano y; garantizar la seguridad pública de los mexicanos en todo el país es un tema que debe ser la prioridad número uno en las agendas de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. De acuerdo con las proyecciones electorales, lo más seguro es que estos grandes retos le toquen enfrentarlos y resolverlos a Claudia Sheinbaum y a la 4T. Hay que anotar que todos los hombres presidentes no han podido solucionar ni tan siquiera mitigar la presencia expandida del crimen organizado, esperemos que una mujer sí pueda.
