- La resolución del magistrado Ortega Peza señala que el gobernador García Sepúlveda no se separe de su cargo hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino
El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó al gobernador Samuel García Sepúlveda que no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León.
La resolución del magistrado Alberto Ortega Peza, de la Primera Sala del Tribunal Superior, señala que el gobernador no se separe de su cargo ni salga del estado, es decir no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino, por lo que no podrá retomar su campaña presidencial este sábado.
El amparo fue promovido por el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal.
Juez revoca, otra vez, nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León
El juez en tercero de distrito materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó nuevamente el nombramiento del Gobernador Interino que hizo el Congreso en la persona del ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez.
En vísperas de que el goberna dor interino designado por el Congreso, Luis Enrique Orozco, el juez argumentó que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto.
En consecuencia, ante la falta de co nsensos del Congreso del Estado, el juez señaló que debe de quedar como Encargado de Despacho el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por así disponerlo la Constitución del Estado y la Ley Orgánica.
Se señala que Javier Navarro debe de quedar como Encargado de Despacho hasta en tanto reasuma funciones el Gobernador Constitucional o se designe a Gobernador Interino, conforme a los lineamientos señalados en la Sala Superior y la resolución del Juez de Amparo.
De igual manera se ordenó la protección a Javier Navarro y que se evitara la toma de las oficinas del Poder Ejecutivo.
En la resolución se señala que se debe de entender por consenso el “acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, una decisión unánime y no por mayoría.” Situación que no observó el Congreso, al haber sido designado únicamente con 25 votos, por lo que no se respetó el sistema democrático y la decisión popular del electorado de Nuevo León.
