- Martín Orozco está acusado de daño patrimonial, peculado y ejercicio indebido del servicio público
Luego de amparos, fuero y un proceso jurídico de 14 años, el exgobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, finalmente fue sentenciado por presunto ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.
Fue la jueza segundo penal de lo tradicional, Irma Reyes de Luna, quien dictó la sentencia condenatoria contra Orozco Sandoval por los delitos mencionados, relacionados a una triangulación de terrenos en el 2007, cuando el panista fue alcalde de la capital del estado.
Aunque ya se dictó la sentencia condenatoria, ésta aún no es definitiva, por lo que la defensa del panista todavía puede apelarla y así evitar las consecuencias.
El Código Penal vigente contempla que ambos delitos por los que fue acusado suponen una penalidad de cárcel y la reparación total del daño, por lo que, de no ganar la apelación, el exgobernador podría ir a la cárcel.
Actualmente, el exgobernador panista cobra nómina como asesor en el ayuntamiento de Asientos, uno de los municipios de Aguascalientes gobernados por Morena.
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Previo al futuro proceso electoral, el exgobernador ha estado muy activo en redes sociales, publicando sus editoriales de opinión y fotos de recorridos o visitas a ciudadanos.
Fue en el 2009 cuando el exregidor capitalino José Luis Proa y el exdiputado Tagosam Salazar interpusieron la denuncia contra Orozco Sandoval ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía).
Desde entonces y, a la fecha, el político ha enfrentado este proceso penal, pausado también por el fuero que gozó como gobernante.
Consecuencia de esa denuncia, el 19 de febrero del 2010 se enfrentó a una orden de aprehensión y a un auto de formal prisión, pero con un amparo consiguió una suspensión definitiva de esas órdenes.
La denuncia acusa de una triangulación de terrenos realizada, presuntamente, por el exmandatario en su último año como alcalde.
Según lo dado a conocer, este fue el proceso de la triangulación: el Cabildo que él presidia aprobó el cambio de un terreno en la ciudad por otro cercano al relleno sanitario -a las afueras de la capital-. Luego, este sería adquirido por él para registrarlo a nombre de Fruideo A.C, que conformaba él y su familia.
Luego de que se hiciera pública la sentencia, el exgobernante publicó un comunicado en el que reconocía la misma, pero alegaba que ésta más bien respondía a fines políticos, más que jurídicos.
