La gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con Ingrid Dávalos, quien denunció ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense al presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego «N», por el delito de violación.
Tras haber hecho público su caso, pues alega qué hay filtraciones que han ayudado a su presunto agresor para escapar de la acción de la justicia, la gobernadora platicó con ella con la finalidad de respaldarla.
En redes sociales del Gobierno del Estado de México colocaron una fotografía de la mandataria con la víctima y el mensaje que dice: “Cumpliendo su compromiso de atender personalmente a la ciudadanía, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió a la ciudadana Ingrid Dávalos. Escuchando sus planteamientos instruyó a la Consejería Jurídica otorgar de inmediato medidas de protección más amplias, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
Del mismo modo, respetando la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, planteó que su caso se resuelva conforme a derecho”.
Ingrid Dávalos se desempeñaba como funcionaria pública en la presidencia municipal de Santiago Tianguistenco, era la particular del edil de extracción priista, quien hizo una denuncia pública, pero también ante las autoridades correspondientes sobre que Diego N, alcalde de dicho municipio la agredió sexualmente el pasado 28 de agosto, dentro de la presidencia municipal.
La víctima resaltó que el día en el que sufrió el ataque supuestamente por parte del edil, era su cumpleaños una fecha que tuvo que ser diferente; sin embargo, sufrió una violación.
Hasta el momento se desconoce el paradero de edil, además promovió dos amparos en juzgados federales, uno de ellos falló a su favor y el otro está en trámite. Actualmente, realiza las sesiones de Cabildo a través de zoom y su esposa es la encargada de encabezar los eventos públicos, aunque no hay quejas formales ante la Legislatura Local por la ausencia del edil en sus funciones, por lo que el Congreso mexiquense ha pedido que sean las autoridades judiciales quienes se hagan cargo de definir la situación jurídica del presidente municipal, para después definir si es necesaria una suplencia.
