En una sesión plenaria extraordinaria, el Congreso de El Salvador, dominado por la mayoría oficialista, votó a favor del retiro del fuero constitucional al diputado opositor Alberto Armando Romero Rodríguez, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y posteriormente teminó siendo deteneido. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y recibió el respaldo de 78 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
Tras la decisión, la Policía Nacional Civil actuó de inmediato para ejecutar la orden de captura emitida por la Fiscalía, deteniendo al diputado Romero Rodríguez en su oficina de la fracción de Arena.
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El legislador enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
La Policía Nacional Civil en su cuenta de X divulgó el video de su detención y le sirvió al presidente Nayib Bukele para emitir una advertencia a exfuncionarios y a los que integran su actual Gobierno, sobre cuál sería su destino si se ven involucrado en actos de corrupción.
Bukele escribió que la situación que enfrenta el diputado Romero debe considerarse como un “mensaje para todos los funcionarios, anteriores y actuales: Así terminarán todos los que roben el dinero del pueblo”.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, fundamentó la solicitud de desafuero en la presunta incapacidad del diputado para justificar ingresos que superan los 1.1 millones de dólares.
Además, Romero Rodríguez había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito por más de 445 mil dólares el 14 de agosto, lo que resultó en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por una década.
El abogado defensor de Romero Rodríguez, Ernesto Alfredo Parada, argumentó que no existen pruebas suficientes en su contra y calificó el proceso como un “doble juzgamiento”.
La votación para el desafuero contó con el apoyo del bloque de Arena, aunque algunos diputados oficialistas recibieron críticas por no combatir la corrupción dentro de sus propias filas.
