La lucha contra los nuevos libros de texto gratuito y la aplicación nueva escuela mexicana que se aprobó en 2019 con la Ley Federal de Educación está configurando los peligrosos indicios de una balcanización de la República: fragmentación política estatal que estaría llevando a gobiernos estatales y organizaciones civiles apoyadas por la Suprema Corte a la liquidación del federalismo del Estado.
Desde los organismos autónomos del Estado hasta decisiones de la Suprema Corte apoyadas en argumentos que rompen con la unidad del Estado, el sistema federal que establece como mandato la Constitución de la República está siendo socavado por decisiones estatales para no aplicar leyes federales y apoyarse en decisiones judiciales del máximo Tribunal Constitucional que estarían incumpliendo la Constitución.
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La Ley Federal de Educación de 2019 establece la autoridad educativa federal en la Secretaría de Educación Pública (artículo 4, fracción I), el Título Séptimo de esa ley constitucional establece el principio de “federalismo educativo” (artículos 113 a 118) y desde el primer párrafo señala las atribuciones que corresponden “de manera exclusiva” a la autoridad educativa federal y entre los más importantes están las siguientes:
–Realizar la planeación y programación globales del sistema educativo nacional.
–Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros.
—Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso
–Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria.
–Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica.
–Dentro de reglas específicas las autoridades educativas estatales y capitalina tendrán mecanismos de aportar contribuciones locales.
Los conflictos con los libros de texto desde la creación de la Comisión Nacional en febrero de 1959 y de la distribución de los primeros ejemplares en 1962 tuvieron que enfrentar oposiciones de carácter político e ideológico por una sola razón: la educación es un aparato ideológico del Estado (Althusser) y como tal tiene que ver en la construcción de la conciencia nacional. Por ello la educación pública está en constante confrontación contra la derecha ideológica, el Clero oscurantista y la empresa privada.
La Constitución original de 1917 estableció un artículo 3 para señalar, entre otros argumentos, que “la educación será laica en los establecimientos oficiales y particulares, sin ninguna corporación religiosa, ni ministro de culto, dirigiendo escuelas”. El 13 de diciembre de 1934, el presidente Cárdenas –que se forjó en la lucha de la revolución contra los enemigos internos– reformó el artículo 3 y estableció que “la educación que imparte el estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacta del universo y de la vida social”.
El presidente Miguel Alemán, como arquitecto de la contrarrevolución mexicana, reformó el artículo 3 para quitarle el criterio socialista de Cárdenas e introdujo elementos que desactivaron el potencial de la educación en la formación de conciencias: “la educación tenderá a desayunar a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia”. Todas las reformas posteriores al artículo educativo mantuvieron el criterio del presidente Alemán.
La intervención de la Suprema Corte –y sus ministros conservadores impuestos por el PAN– está balcanizando la educación en el entendido de que el papel de la formación de conciencias tiene que ver con mantener los criterios conservadores y ya con la iglesia en propiedad de escuelas, aunque el costo sea desarticular el criterio constitucional federal y comenzar la balcanización de la República permitiendo la ruptura de la unidad republicana en estados gobernados por el PAN.
Política para dummies: Sin principios, la política es un factor de la desintegración nacional.
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