El Tribunal de Moscú decidió este viernes disolver el Centro Sájarov de derechos humanos, reconocido como agente extranjero por las autoridades de Rusia.
En un comunicado, el tribunal afirmó que la asociación, que lleva el nombre del premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov, organizó conferencias y exposiciones de forma ilegal fuera de su “zona de actividad” regional, que está estipulada en sus estatutos.
“El tribunal dictaminó que los reclamos de la Dirección Principal del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa para Moscú sobre la liquidación se satisfagan en su totalidad”, dijo una fuente a la agencia de noticias rusa TASS.
El centro era uno de los últimos pilares de la defensa de los derechos humanos en Rusia, en un contexto de represión de las voces críticas desde la invasión de Ucrania.
“En un país que no es libre no puede existir una isla de libertad. Vivimos bajo una dictadura”, había asegurado a Efe Serguéi Lukashevski, director del centro exiliado en Berlín desde el inicio de la contienda.
Vista de una sección del Muro de Berlín situada en un jardín aledaño al Centro Sájarov en Moscú (Rusia), un espacio dedicado a la preservación del legado de Andréi Sájarov, científico que recibió el Nobel de la Paz en 1975.
Fundado siete años después de la muerte del Nobel de la Paz(1989), el centro acogía exposiciones, conferencias, conciertos, películas y obras de teatro, en su gran mayoría independientes.
Además, sus dos edificios albergan una biblioteca y dos exhibiciones permanentes, una sobre la vida de Sájarov y otra sobre la historia del movimiento de disidencia en la Unión Soviética. El jardín aledaño está presidido por un fragmento del Muro de Berlín.
La Justicia rusa decidió desahuciar a la histórica institución con el argumento de que representa una amenaza para la seguridad y el orden constitucional en este país.
La disolución del Centro Sájarov se suma al cierre el año pasado de Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas de Rusia.
El Tribunal Supremo de Rusia ordenó el cierre como parte de una campaña de ataques legales y administrativos contra la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos del país.
