- Por tercera ocasión presentó la iniciativa Rubén Guajardo Barrera
Por tercera ocasión y apetición de algunas víctimas, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa con la finalidad de establecer que el gobierno del estado y los ayuntamientos tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, cuando sean responsables de violaciones a los derechos humanos.
Reconoció que actualmente las leyes y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecen la reparación integral para las víctimas, garantizando la no repetición de los hechos, la obligación de investigar y, en su caso, sancionar a las personas o entidades responsables, así como la indemnización compensatoria.
Abundó que, actualmente, la Ley de Atención a Víctimas para el estado establece en su artículo 8 que, “las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan” y, las indemnizaciones se establecen también están a cargo de la CEEAV a través del denominado “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.
Guajardo Barrera manifestó que, en este fondo estatal al que alude la ley, se estima que no tiene un efecto plenamente reparador porque no se encuentra concatenado con el acto que genera la necesidad de reparación, por lo que se considera necesario vincular el fondo como prestación cuya carga sea asumida por las entidades públicas que provocaron los daños y no por el presupuesto público, como idea abstracta.
Consideró que, sería deseable que las indemnizaciones a las víctimas a las que les hubieran provocado daños, corrieran a costa del presupuesto de la dependencia a la que pertenece el servidor público, ya que sólo de esa manera, se propiciaría que se promueva y practique una cultura institucional y social de respeto a los derechos humanos y de prevención de la violencia y violaciones a derechos fundamentales.
“Para que exista una verdadera sensibilización sobre los daños que provoca una actuación gubernamental negligente o poco diligente de los derechos humanos, se propone que la indemnización deba correr con cargo al presupuesto de su dependencia para evitar imponer injustamente esos rubros al presupuesto estatal, tan necesitado de resolver distintas prioridades, muchas de ellas ajenas a los actos que provocaron la necesidad de indemnización a las víctimas”, expuso.
Por ello, el diputado panista propone adicionar un último párrafo al artículo 64 a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: “Los entes públicos del gobierno del estado de San Luis Potosí, las alcaldías y las instituciones públicas de la entidad que resulten responsables de violaciones a derechos humanos en términos del artículo 6º., fracción XI y XXIII de esta Ley, tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el plan de reparación integral que corresponda”.
Cabe recordar que esta iniciativa ha sido dos veces dictaminada para desecharse aludiendo que no tiene una propuesta presupuestal, pero victimas como “Mary Chuy” Armendáriz prieto ha solicitado que se vuelva a presentar.
