Cuando Oscar Espinosa dejó Nacional Financiera, su principal preocupación fue amarrar su jubilación. Y logró que le acumularan los años que estuvo en el gobierno del estado de México. El entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, pidió que se consultara a los expertos de esa dependencia, pero no lo hicieron. Lo mismo ocurrió con la jubilación de José Angel Gurría Treviño: se otorgó sin un dictamen de Hacienda.
El asunto de la jubilación de Gurría ya no es un asunto legal sino político y sobre todo moral: el aprovechamiento del cargo para obtener beneficios personales de carácter económico. (Gurría era Secretario de Hacienda de Zedillo en 1999.)
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Pero la salida oficial no va a atender estos perfiles sino solamente la negociación con la oposición. A iniciativa del diputado independiente Marcelo Ebrard, la oposición en la Cámara formó una comisión investigadora sólo que con cierta parcialidad que beneficia a Gurría: el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien reveló primero el asunto en la Cámara en 1998, y el diputado independiente Ebrard, quien en este año (1999) entregó pruebas documentales de la pensión ilegal de Gurría, fueron excluidos de la Comisión investigadora legislativa.
Así, la investigación de la jubilación escandalosa e irregular de Gurría –que pasó por las mentiras del secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados– entró en la lógica de la concertacesión: el PAN negoció la alcaldía de Pachuca por la aprobación del presupuesto 2000 y la presunta exoneración de Gurría y el PRD tiene la prioridad de que la Cámara apruebe el endeudamiento del gobierno del DF. Así, el expediente de la jubilación de Gurría será una ficha de negociación.
En este contexto, Gurría podría ser perdonado por la Cámara de Diputados a través de una comisión formada ad hoc para el secretario de Hacienda, aunque en el fondo haya más evidencias de irregularidades que de justificaciones:
1.- En su carta a la Cámara para explicar su pensión, Gurría señaló el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) de Nacional Financiera. Pero las CGT establecen que “la pensión jubilatoria que autorice el director general requerirá que el beneficiario acredite haber alcanzado 50 años como mínimo y 10 años de servicio en el sector financiero”. Gurría se jubiló en Nafinsa a los 44 años. Ley exige los dos supuestos.
2.- En un boletín emitido el 16 de noviembre, después de la denuncia del diputado Ebrard, Nacional Financiera acreditó la jubilación de Gurría a un acuerdo del 1 de noviembre de 1991 para funcionarios “con cuando menos 40 años y 20 años de labores reconocidas”. Nuevamente la conjunción y alcanzó a dañar a Gurría –fue la misma conjunción que lo sacó de la carrera presidencial porque no acreditó un cargo previo de elección popular–, pues tenía 44 años, pero no cumplía los 20 años de labores. La Secretaría de la Contraloría protegió a Gurría con los mismos argumentos.
3.- La acumulación de años de trabajo se hizo de manera irregular. El Banco Nacional de Comercio Exterior fue el organismo que emitió el reconocimiento de los años de trabajo de Gurría en Hacienda, pero con el detalle de que el BNCE es una entidad subordinada a la Secretaría de Hacienda. No existen documentos de Hacienda que reconozcan la acumulación de años de trabajo de Gurría. Gurría había dejado de ser, un par de semanas antes, director del BNCE.
4.- Como director general de Nafinsa Gurría autorreconoció los documentos sobre la acumulación de años de trabajo en diferentes dependencias del sector financiero. Como director general de Nafinsa, Gurría integró su propio expediente de jubilación. Por tanto, pasó por alto el cumplimiento de las exigencias. Así, Gurría le mintió a la Cámara. En su carta del 18 de noviembre Gurría escribió que “al separarme del servicio público en abril de 1994 me fue informado por en ese entonces titular de Nafin que tenía derecho a una pensión”. No le informaron: él preparó su jubilación.
5.- Pero hay documentos oficiales de Nafinsa, entregados por el diputado Ebrard en su denuncia, que confirman que Gurría promovió su propia jubilación cuando aún era director de Nafinsa. El 12 de enero de 1994 Gurría –entonces director general en funciones– recibió una carta del director adjunto de Nafinsa, José Altamirano Pérez, para informarle “en atención a su solicitud” que había sido aprobada la suma de sus años de trabajo en diferentes dependencias del sector financiero. Para entonces llevaba 19 años 3 meses y 26 días acumulados. Altamirano Pérez es hoy gerente de Banrural, oficina que depende del secretario de Hacienda. Por tanto, a Gurría no le informaron de su pensión, sino que la organizó cuando era aún director general de la institución.
Para llegar a una conclusión, la comisión legislativa investigadora deberá tener acceso a cuando menos cinco documentos fundamentales:
1.- Las copias de las actas del consejo de administración donde se aprobó el caso de la jubilación de Gurría.
2.- El acuerdo del 1 de noviembre de 1991 donde se estableció el criterio de jubilación a los 40 años de edad y 20 años de servicio. En términos estrictos, Gurría sólo acreditó 19 años y 8 meses y no los 20 años. Nafinsa debe de justificar por qué aceptó una jubilación con 4 meses menos.
3.- Los criterios usados por las autoridades de Nafinsa para reconocer una carta del Banco Nacional de Comercio Exterior para acumular la antigüedad de Gurría en Hacienda.
4.- Las Condiciones Generales de Trabajo de Nafinsa que digan que las jubilaciones cambiaron de 50 años y 10 de servicio a 40 de edad y 20 de servicio. Nafinsa debe aclarar por qué las Condiciones Generales de Trabajo –un reglamento general– fueron modificadas por un acuerdo administrativo –un reglamento menor– para beneficiar a los altos funcionarios de la institución.
5.- Y el expediente de la jubilación de Gurría para determinar si el proceso de jubilación fue hecho por su sucesor en la dirección de Nafinsa o si los trámites se realizaron durante la gestión de Gurría en la institución. Por lo pronto, los documentos entregados por el diputado Ebrard señalan que Gurría solicitó, mientras era director de Nafinsa, el procedimiento de jubilación en Nafinsa.
Por lo demás, en su carta al presidente de la Cámara, el diputado panista José Francisco Paoli Bolio, Gurría nunca invocó el acuerdo del 1 de noviembre de 1991 sino que se ajustó a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. En este contexto, el propio Gurría se puso una trampa y cayó en ella. Las CGT señalan jubilación a los 50 años para los altos ejecutivos de la institución.
El asunto es más que personal. La lógica neoliberal de los funcionarios de Hacienda ha condenado a los jubilados a pensiones de hambre, la mayoría de ellas insuficientes para las necesidades de subsistencia. Y Gurría no sólo no completó su ciclo de trabajo con su jubilación y su pensión, sino que regresó a trabajar a la Secretaría de Hacienda. Por tanto, Gurría está obligado a mostrar las condiciones de su contrato en Hacienda porque si no estaría en situación de acumular más años para otra jubilación.
En este sentido, la preocupación de Hacienda radica en cerrar el debate en torno a la polémica jubilación de Gurría antes de que el Movimiento de Jubilados y Pensionados tome esa bandera como demanda de reivindicación y antes de que la discusión sobre la jubilación de Gurría se empalme con el debate del presupuesto federal para el 2000.
Lo único que puede salvar a Gurría es la negociación en lo oscurito con el PAN y el PRD: concesiones políticas y de deuda a cambio de la exoneración. Pero las irregularidades habrán manchado su expediente pues moralmente Gurría no tiene ninguna justificación.
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