El 14 de diciembre del año pasado, el líder senatorial morenista Ricardo Monreal Avila presentó un voto particular, un posicionamiento personal y una advertencia respecto al contenido y método de aprobación de las reformas del Plan B en materia electoral del presidente López Obrador y ahí dijo con suficiente anticipación que serían desvalorizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al proceso constitucional legislativo.
Sin embargo, en Palacio Nacional no atendieron para decir lo menos no tanto el papel político sucesorio de Monreal, sino sus advertencias en el sentido de que las reformas no pasarían los trámites en la Corte, toda vez que la oposición, que había sido avasallada en comisiones y plenos de las dos cámaras, había anunciado con anticipación quejas legales de inconstitucionalidad.
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En un apartado especial, Monreal estableció “no debe perderse de vista que el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados podría haber generado diversas violaciones al proceso legislativo” y, luego de revisar lo aprobado, el líder senatorial llegó a una conclusión clara: “el Decreto en cuestión podría ser susceptible de ser invalidado por la Suprema Corte, pues tal como ocurre con los precedentes señalados, existieron violaciones al procedimiento legislativo que vulneraron el derecho de las minorías parlamentarias a participar en el proceso legislativo conforme al principio democrático.”
A sabiendas de que había sido marginado de su papel como líder de la bancada de morena en el Senado, Monreal hizo en diciembre sugerencias para salvar el proceso y presentó argumentos obvios que asumiría la Corte, pero tampoco le hicieron caso.
Y eran correcciones viables y a tiempo:
“Proponemos reglas procedimentales armónicas con la norma constitucional vigente, ya que el proyecto de Decreto establece una norma inconstitucional que es la de imponer la obligación de solicitar licencia a los legisladores federales que sean postulados para la elección consecutiva.
“Cabe señalar que mis propuestas para salvaguardar el orden constitucional y revertir los vicios expuestos a través de estas reflexiones serán presentadas oficialmente como reservas, por lo que a través de dicho mecanismo detallaré el alcance de cada una de ellas.”
Lo grave del asunto no estuvo sólo la negativa de Palacio Nacional a atender sugerencias de procedimientos legislativos que habrían de ser magnificados por los ministros de la Corte, sino que se repitió el mismo mecanismo de imposición de mayorías en el rally legislativo del final del período ordinario el último día de abril para aprobar 20 leyes de también están siendo impugnadas en controversias constitucionales en la Corte y que algunas podrían ser anuladas.
Al problema de la falta de respeto a la técnica procedimental legislativa se agregó una decisión política que nunca iba a pasar desapercibida en la Corte: eludir modificaciones constitucionales directas por falta de mayoría calificada de dos terceras partes y aprobar leyes con mayoría simple que en los hechos implicaban modificaciones constitucionales. Y a sabiendas, avalaron las trampas legislativas.
Por lo que pasó en la Corte y lo que viene hay que leer con cuidado los dos primeros párrafos del artículo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en Milenio de martes e identificar una ruptura de alianzas:
“Hay quienes piensan, por razones políticas o partidistas, que son dueños de la Constitución: que su visión de los derechos y la democracia es la única legítima. Que son poseedores de su sentido ‘verdadero’ y que cualquier lectura que se aparte de la suya no solo es equivocada, sino reprobable.
“En tal sentido, pretenden que los jueces constitucionales nos alineemos a su postura y nos conformemos con su criterio. Si votamos en un sentido diferente, entonces nuestra postura es condenable, nuestra integridad como juzgadores resulta cuestionable, y nuestra autonomía dudosa o simplemente inexistente”.
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