Los operativos de seguridad de la DEA contra el Cártel de Sinaloa, el juicio sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el juicio contra el secretario calderonista de seguridad Genaro García Luna son hechos policiacos que están excluyendo las lecturas estratégicas de seguridad nacional de México y Estados Unidos.
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El tema central que no se ha discutido ni se quiere discutir en los dos países se encuentra en la carga geopolítica de una frontera de más de 3,000 km que carece de control y que está en manos del crimen organizado en el tema asociado de tráfico de personas y contrabando de droga.
La extradición, juicio y sentencia contra El Chapo Guzmán fue considerada como una victoria política del Gobierno del presidente Joseph Biden por la dimensión simbólica que alcanzó el gran jefe del Cártel de Sinaloa en el escándalo mediático que involucró a la actriz mexicana Kate del Castillo y al reconocido actor estadounidense Sean Penn, una historia periodística que fue contada en las páginas de la revista Rolling Stone.
Y la captura y enjuiciamiento del todopoderoso secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa fue producto de una caza mayor de un altísimo funcionario del Gobierno a nivel presidencial a partir de testimonios de testigos protegidos de que García Luna habría cobrado sobornos para permitir el tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos.
La sentencia de cadena perpetua contra del Chapo y la alta visibilidad política del caso de García Luna en nada han modificado los ritmos del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos ni han disminuido los daños mortales por el consumo de fentanilo entre los adictos estadounidenses.
El caso de García Luna se enmarca en el escenario de los juegos de poder de la alta burocracia estadounidense. El funcionario mantuvo una sobresaliente relación institucional con la embajada de Estados Unidos en México, el FBI y la CIA, a pesar de algunos datos que revelan que habría sido detectado como cómplice del narcotráfico desde el comienzo del Gobierno del presidente Fox y que esas vinculaciones fueron alegradas con reconocimientos y diplomas a su colaboración.
Las relaciones de seguridad de Estados Unidos con México fueron más intensas en el Gobierno de Calderón, involucrando desde luego el papel de García Luna en esas relaciones. El 30 de junio del 2008, el presidente Calderón firmó la Iniciativa Mérida con el presidente George Bush Jr. y las relaciones bilaterales en materia de seguridad se intensificaron a lo largo del Gobierno De Peña Nieto.
Sin embargo, las cifras estadísticas revelan que en el tiempo de la Iniciativa Mérida el tráfico de drogas de México a Estados Unidos se incrementó de manera sustancial y en los últimos cuatro años aumentó el tráfico de fentanilo, una de las drogas más mortales que se conocen hasta la fecha.
En este contexto, se puede decir que las relaciones de seguridad fracasaron o no dieron resultado, pero en el fondo ha quedado la percepción de que Estados Unidos no quiere frenar el tráfico de droga sino administrarlo, toda vez que existen cifras no oficiales que revelan la existencia de alrededor de 150 millones de consumidores estadounidenses de droga, 30 millones de ellos registrados como adictos y los demás como usuarios de drogas recreativas que no han llegado al sistema de salud como adicciones en última instancia.
En el tiempo de la existencia de la iniciativa Mérida, la DEA detectó el crecimiento y consolidación de importantes células del Cártel de Sinaloa dentro de Estados Unidos que se han encargado del tráfico de drogas, su distribución y venta en las calles sin encontrar obstáculos policíacos para esas labores. En las evaluaciones de la DEA, el Cártel de Sinaloa del Chapo es el grupo delictivo más importante que existe dentro de Estados Unidos, trafica droga en 40 de los 50 Estados americanos y tiene una infraestructura solida que le permite manejar en cantidades industriales el fentanilo, la heroína, las metanfetaminas, la cocaína y la marihuana, con centros de distribución en varias ciudades estadounidenses sobre todo del área de Arizona y California y toda la zona fronteriza del sur oeste.
Nada de estos datos se ha aireado en los juicios contra El Chapo y García Luna, porque las acusaciones formales se han centrado en la personalidad de los traficantes o facilitadores y no en la estructura criminal dentro de Estados Unidos que solamente ha podido ser posible con la complicidad de las autoridades estadounidenses. Medios de comunicación americanos han publicado testimonios de cómo los cárteles de la droga y del tráfico de personas han logrado la complicidad y la corrupción de funcionarios de aduanas y de la patrulla fronteriza a lo largo de toda la frontera.
En un reportaje muy significativo publicado en junio del 2001 por la revista Rolling Stone, uno de los principales capos del tráfico de personas y de drogas en la frontera resumió en pocas palabras la dimensión del problema: ante la necesidad de personas y drogas en Estados Unidos, nada de nadie detendrá la operación de tráfico, haya o no haya muro, si no es por las buenas, es por las malas, les guste o no les guste a las autoridades.
Los juicios contra capos o funcionarios protectores del narco en Estados Unidos solo tienen la intención mediática de dar la impresión de que las autoridades están combatiendo la distribución de estupefacientes dentro del país, pero en la realidad y a pesar de la alta visibilidad de varios de los juzgados no ha habido ningún efecto corrector ni disminución del flujo de droga o del consumo.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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