- Atenta contra la democracia, advierte Sergio Aispuro
- Hay confianza en que SCJN le dé marcha atrás, dice
El delegado del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, confió que la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN), dé marcha atrás al plan B de la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador, debido a que pone en riesgo la celebración de elecciones del año 2024 y atenta contra la democracia.
Dijo que, por eso abogan para que se mesuren los alcances de la reforma electoral debido a que es excesiva y muchos artículos son una violación fragante a la Constitución, “no se debe satanizar la iniciativa, pero confiamos que la SCJN y los tribunales apliquen las medidas para que la elección del 2024 sea operable y funcional, la cual será la más grande de la historia por la competencia de la presidencia de la república”.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
El funcionario electoral califico como “excesivo” que quieran desparecer 2,200 las juntas distritales, para que solo queden 371, las cuales garantizan el derecho a la identidad y al voto, ya que con estas se presta el servicio de credencialización y actualización del padrón electoral llegando a las comunidades más lejanas.
Agregó que, con las juntas distritales, también se garantiza el derecho de asociación política, el principio de igualdad y secrecía del voto, además la certeza en la misión y cómputo del mismo y las condiciones de equidad en las contiendas.
Aispuro Cárdenas dijo que, eliminar la estructura distrital permanente del Instituto Nacional electoral y mutilar el 85% del servicio profesional electoral nacional, impedirá contar con el personal calificado para la función electoral como lo ordena la constitución.
Puntualizó que las y los trabajadores del servicio profesional electoral nacional están capacitados y son evaluados permanentemente como instrumentos del desarrollo democrático del país, mismos que han sido clave para la construcción de la democracia.
Indicó que, es importante la necesidad de alertar a la sociedad y respaldar al consejo general en las acciones y vías jurídicas que la Constitución establece para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE.
