De manera sorpresiva, el gobierno federal dio a conocer el pasado 5 de diciembre tres nuevos programas que tienen que ver con la inseguridad y un acuerdo especial para la Guardia Nacional, en medio de una reciente ola de violencia criminal que está sacudiendo de manera extraordinaria a cinco estados de la República y está mostrando la arrogancia del crimen organizado de escalar actividades delictivas por encima de la capacidad de la estructura de seguridad del Estado.
Se trata del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024 y del Programa Nacional de Protección Civil, además del acuerdo para crear la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional.
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Este marco operativo llega cuatro y medio años después de haber sido aprobada la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e inclusive de dos reformas constitucionales primero para permitir la actividad de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública hasta 2024 y otra para extender las mismas funciones hasta 2028, en tanto la Guardia Nacional logra terminar de consolidar su presencia y estructura en toda la República.
El nuevo cuerpo legal operativo era necesario para definir con claridad los ámbitos de competencia de las actividades de seguridad pública, pero dejando hoy la mala impresión de que la estrategia de seguridad de este gobierno estuvo trabajando cuatro años solo con instructivos y sin ningún marco general operativo.
Para completar el marco jurídico de la seguridad pública del Gobierno actual hacen falta tres compromisos todavía incumplidos: el Programa para la Seguridad Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia y la creación del documento único de identificación nacional biometrizado; se trata de decisiones fundamentales para evitar reclamaciones legales y legislativas, sobre todo con la reforma al quinto transitorio para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad hasta 2028.
Los tres nuevos programas nacionales pendientes y el acuerdo para una nueva fuerza operativa de la Guardia Nacional tuvieron el contexto de la discusión no muy profunda en la Suprema Corte de una controversia constitucional legislativa del 2020 que quería echar abajo el decreto de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
A cuatro años de distancia de la nueva estrategia de seguridad, el gobierno federal sigue quedando a deber en la consolidación de un nuevo, mejor y más completo marco jurídico para regular la participación militar en seguridad pública. La justificación original se basa en el inciso VI del 89 constitucional que faculta al presidente de la República a utilizar la totalidad de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior, aunque se trataría de una función que se basa solamente en unas cuantas frases constitucionales porque carece de ley reglamentaria.
La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad tiene que ver justamente con esa facultad presidencial, pero es la hora de que no se ha podido definir el marco general legal. A finales del 2017, el gobierno del presidente Peña Nieto logró la aprobación de una ley de seguridad interior, pero presiones legislativas y políticas condujeron a la Suprema Corte a quitarle legitimidad y vialidad a esa reglamentación.
Las leyes de seguridad pública y de seguridad nacional regulan funciones específicas de las autoridades y no logran justificar la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de inseguridad cotidiana, a pesar de que siempre ha tenido el Ejército y la Marina espacios para participar en seguridad pública e inclusive el presidente Calderón inició en diciembre de 2006 una fase aún vigente de involucramiento directo y creciente de las Fuerzas Armadas ante la crisis de inseguridad desbordada por la creciente actividad de carteles, bandas y pandillas dedicadas a la delincuencia.
Los nuevos programas especiales derivados, dice la justificación en el Diario Oficial, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 llegaron en diciembre de 2022 faltando un año y nueve meses de terminación del periodo sexenal del presidente López Obrador, aunque en los hechos se han ido aplicando los procesos ahora formalizados en dos programas tardíos.
El acuerdo para crear una Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional estaría formando una especie de grupo SWAT estadounidense, es decir, una especie de comando especial que se traduce como “Armas y Tácticas Especiales”, un comando de apoyo a las fuerzas policiacas. El nuevo FERI de la Guardia Nacional tendrá ocho funciones táctico-operativas, entre las cuales sobresalen tres: rescate de rehenes, participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada y llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.
El problema, sin embargo, no radica en la necesidad de los nuevos programas especiales, sino en la definición de la estrategia de seguridad pública bsada en la construcción de la paz o, en otras palabras, en la ausencia de decisiones de actividades ofensivas contra el crimen organizado para no generar un mayor grado de violencia, aunque la guerra entre los propios cárteles por espacios territoriales ha sido suficiente para seguir manteniendo alto el número de delitos y sobre todo de homicidios dolosos.
La estrategia de seguridad debe pasar de la presencia disuasiva de las fuerzas policiacas y militares a una fase operativa para desmantelar la estructura de las bandas delictivas y no solo conformarse con algunos golpes espectaculares en la aprehensión de liderazgos criminales que en nada minan o disminuyen la potencialidad delictiva y violenta de los cárteles que están aprovechando la pasividad gubernamental operativa para expandir su presencia en prácticamente toda la República.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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