Por: El Diablo Cojuelo
VALIDEZ: Luego de una intensa y detallada revisión a los procedimientos impulsados, el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial (PJF), declaró improcedente el amparo solicitado en abril de este año en contra del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 por lo que dio validez a la consulta ciudadana, ello, tras considerar que el Gobierno del Estado cumplió y respetó los lineamientos para las diversas consultas públicas realizadas en los 58 municipios para conformar esta importante herramienta de trabajo para los potosinos que habrá de regir la dinámica administrativa que se estará implementando en los próximos años. Se esperan buenos resultados de este tema.
NEGATIVA: Aunque ha estado buscando la manera de evadir la justicia, la suerte no le ha sonreído al exsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado durante la administración de Juan Manuel Carreras, Daniel Pedroza, y es que, fundado y con el apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparos, el Juzgado Sexto de Distrito, resolvió negar la suspensión definitiva que solicitó el exfuncionario respecto a los actos reclamados de distintas autoridades, ahora, tendrá que responder ante las instancias que lo están llamando para que aclare las anomalías que se le detectaron en el ejercicio de sus funciones.
AGRAVIO: Resulta lamentable y es un agravio para los elementos de la Guardia Civil Estatal, el hecho de que los jueces federales dejen en libertad a los presuntos delincuentes que son detenidos e incluso en flagrancia. Además, resulta irrisorio que el proceso de vinculación de caiga en los juzgados federales por una supuesta mala integración de las carpetas o cuestiones de procedimiento; fue así como lo calificó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, General Guzmar Ángel González Castillo, quien lamentó la decisión que han tomado varias autoridades federales para dejar en libertad a varios delincuentes pese a la evidencia que se aporta.
VÍCTIMAS: Víctimas de diferentes delitos se manifestaron fuera de Palacio de Gobierno y en Plaza de Armas para exigir la destitución de la directora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delitos (CEEAV), Erika Betzabé Martínez Ledezma, por maltratarlos y revictimizarlos, así como no poder acceder a la justicia rápida y expedita. En San Luis Potosí se tiene un serio problema con este tema porque, por más que se dice que se trabaja en la atención a las víctimas, la realidad sigue siendo otra muy diferente y, al final, no sólo se les niega el acceso a la justicia, también se les revictimiza y se violentan de muchas manera sus derechos. Algo se tiene que hacer para poner un alto a estos hechos.
AUMENTO: San Luis Potosí continúa con una tendencia al alza en casos de Covid-19, pues en el último día se registraron 49 nuevos casos confirmados por laboratorio y sin defunciones, para un acumulado de 235 mil 642 casos y 7 mil 645 muertes, de acuerdo al reporte técnico del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Esta situación está encendiendo todas las alarmas porque apenas está por llegar la temporada de más fríos, esto significa que aumentará la posibilidad de que se incrementen todavía más los casos activos de esta enfermedad y, con ello, el riesgo de que se sature y colapse el sistema de salud, tal como ha ocurrido en otros momentos de la pandemia.
OPERATIVO: El Gobierno del Estado puso en marcha el Plan Operativo Otoño-Invierno 2022, “Celebremos Seguros”, donde los cuerpos de seguridad, rescate y emergencia actuará con fuerza, determinación, capacidad y entereza coordinadamente para garantizar que en la presente temporada que inicia con El Buen Fin y hasta el próximo 6 de enero del 2023, la población en San Luis Potosí se sienta tranquila y puedan disfrutar de unas fiestas seguras. En materia de seguridad son muchos los temas que se deben atender, pero hay confianza de que con estas acciones se logren buenos resultados.
IRREGULARIDADES: Fue ahora la organización Ciudadanos Observando quien dio a conocer que entre las múltiples irregularidades encontradas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) en el año 2021, durante la desastrosa administración que encabezó Joel Ramírez Díaz, la Auditoría Superior del Estado encontró que se pagaron 1.2 millones de pesos a un extraño proveedor por concepto de fabricación de rampas para discapacitados en inmuebles educativos, ello, por dar un ejemplo de las tantas inconsistencias que hay en esta institución, pero advierten que hay muchas más.
