El Tratado de Comercio Libre abrió el camino de la reactivación económica del país, pero siempre ha carecido de la parte más importante para su potencialización: un nuevo modelo de desarrollo industrial, agropecuario, de servicios y tecnológico.
La propuesta nacionalista del presidente López Obrador carece de sentido y de futuro porque se basa en la decisión del Estado de regresar la regulación solo al sector energético –luz y petróleo–, pero sin una planta productiva que pueda ir sustituyendo a las empresas extranjeras.
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El problema del litigio abierto por Estados Unidos y Canadá con denuncias ante tribunales del Tratado no radica en la ventaja que tiene México de haber reformado las reglas eléctricas y haber recibido el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino carecer de una planta industrial que pueda ir sustituyendo a las empresas extranjeras.
A lo largo de 28 años de vigencia del TCL, el Estado no pudo –no quiso, no se le dio, se le olvidó– construir un modelo de desarrollo que potenciara una nueva planta productiva nacional. La última cifra aquí reiterada es la prueba de que el Tratado consolidó a México como una economía maquiladora: el componente nacional en productos de exportación bajó de 59% en 1993 a 39% en 2020; es decir, que la economía mexicana se estancó en productos primarios: el aguacate en lugar de tuercas y tornillos.
Ahora mismo, la estrategia de reconstrucción nacionalista en energía está centrándose en cerrarle espacios a la competencia de empresas extranjeras, en lugar de promover a un sector productivo nacional que tenga que ver con artículos intermedios.
Los gobiernos de Salinas de Gortari a Peña Nieto no tuvieron la capacidad para construir una nueva fase de desarrollo industrial y agropecuario y las pocas empresas chicas y medianas que aportaban artículos intermedios fueron cerrando por la negativa gubernamental a un programa de protección de la planta productiva.
En los hechos, México no ha podido sustituir importaciones ni construir empresas locales que pudieran ir desplazando a las grandes armadoras.
El litigio que ha comenzado en tribunales del Tratado está mostrando la punta del iceberg de la gran crisis mexicana: el agotamiento en 1976 del modelo de desarrollo estatista, proteccionista, de complicidades empresariales-públicas, de incapacidad educativa y tecnológica. La propuesta lopezobradorista se basa en el desplazamiento de empresas extranjeras que, bien o mal, son indispensables en el proceso productivo, sin que exista una planta nacional que asuma los desafíos de la producción.
El actual Estado no puede ir más allá de la reorganización cosmética de CFE y Pemex y el empresariado prohijado por el Tratado sigue siendo parasitario y viviendo a expensas de la inversión pública dominante, como o ejemplifica el papel de contratista de Carlos Slim Helú, a pesar de ser el hombre más rico de México y de los más ricos del mundo, pero con funciones empresariales que lo llevan a ser un llavero del gobierno en turno, de Salinas a López Obrador.
El modelo de regreso de la preponderancia del Estado a la economía tiene valor político para la autoridad del Estado, pero no sirve de nada para una economía productiva de empresarios-rémora, esos pececillos que pululan alrededor de las fauces de los tiburones para quedarse con las migajas.
Sin una propuesta dinámica de reconstrucción de un sector privado energético, el litigio ante tribunales del Tratado no resolverá el dilema de la estrategia económica del presidente López Obrador: reconstruir el Estado como principio de autoridad y de hegemonía regulatoria o construir una planta productiva nacional que vaya desplazando por competencia a la empresa extranjera que es indispensable para la producción y la exportación.
SI no hay empresas nacionales que sustituyan con dinamismo a las extranjeras, el proteccionismo se convertirá en déficit presupuestal y en precios altos al consumidor y en empresas públicas controladas por una burocracia depredadora del gasto que debiera ir a objetivos sociales.
La construcción de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva planta productiva es el desafío del Tratado, no desgastar al Estado en la defensa de empresas públicas que han sido devastadoras de los precios al consumidor.
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Política para dummies: La política enseña a mirar lo que los burócratas no quieren mirar.
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