El gobierno mexicano afirmó que, este miércoles 20 de julio, recibió la solicitud formal de consultas de Estados Unidos por la política energética de México; con lo se inicia la primera etapa del mecanismo general de solución de controversias del T-MEC, dijo la Secretaría de Economía de nuestro país.
La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) afirmó este miércoles que hay un trato injusto para las empresas estadounidenses que operan en México porque la política energética mexicana favorece a las empresas de Estado del sector, es decir, a CFE y a Pemex.
“A partir de esta fecha, ambos países tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto”, dijo la Secretaría de Economía de México.
A pesar de que la USTR afirmó en un documento que a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo en torno a las “serias preocupaciones” que tienen por los cambios en las políticas energéticas en México que pretenden dar marcha atrás a la reforma del 2013, el gobierno de México afirmó que “externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas”.
La dependencia mexicana recordó que este mecanismo para solucionar diferencias es la cuarta vez que se usa, desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio de 2020.
“Desde la entrada en vigor del Tratado, Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz”, expuso.
Para la USTR “México ha tomado o está tomando acciones o inacciones, las cuales están restringiendo la habilidad de las empresas del sector privado de trabajar efectivamente, si es que lo hay, en el sector energético mexicano”.
El gobierno estadounidense afirmó en su solicitud de consultas que la autoridad mexicana impide la participación privada mediante acciones que “incluyen, entre otras, retrasos, negaciones o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o de modificaciones; suspenden o revocan permisos existentes o también bloquean a las empresas privadas para operar en plantas de energías renovables, como instalaciones eólicas y solares, para importar y exportar electricidad, combustibles, almacenar, transportar combustible y construir u operar estaciones al menudeo de combustibles”.
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