La ceremonia de apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento de la Represión 1965-1990 fue uno de los indicios más importantes de lo que pudiera considerarse una verdadera reforma política democrática: cerrar el capítulo de deslindamiento de las responsabilidades institucionales y reasumir el papel del Ejército en su función institucional.
Aunque ya lo había declarado, esta vez el presidente López Obrador lo hizo ante los familiares de las víctimas de la represión: la orden de la represión fue de las autoridades civiles, de los presidentes de la república, y los soldados cumplieron esas instrucciones. En pocas palabras, que la represión del pasado priista fue del Estado civil.
El discurso del general secretario Luis Cresencio Sandoval González puede tener una lectura política estratégica que implicaría el sometimiento –que, por lo demás, siempre ha existido– del Ejército a las instituciones civiles y a las leyes.
Y en el escenario de la reconciliación, el mensaje del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de asumir a los militares también como víctimas del clima de violencia en ese periodo oscuro de la represión del Estado priista fue también una reconciliación al interior de las fuerzas armadas y la sociedad: reconocer a militares muertos y heridos como víctimas.
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El Ejército bajo el mando operativo del general secretario Sandoval ha sido institucional en grado absoluto y se ha sometido a las reglas civiles en materia de fuero y de tribunales, además de haber introducido a la principal formación de las fuerzas armadas a la institucionalidad en materia de respeto a los derechos humanos.
Y, por si fuera poco, el Ejército se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento de programas sociales de gobierno por instrucciones directas del comandante supremo que es el presidente de la República.
El discurso del general secretario Sandoval se presenta como una oportunidad para cerrar las puertas al pasado represivo y para sentar las bases que impidan que en el futuro la autoridad civil utilice otra vez a las fuerzas armadas para tareas de estabilización política interna ante la incompetencia de las instituciones civiles y deja claro el mensaje de que la convivencia democrática ahuyentar para siempre el fantasma de la represión en el ejercicio del poder.
En este sentido, el general secretario planteó una tesis central: la seguridad nacional del Estado no debe pasar por la represión a la disidencia, y lo afirmó ante, por ejemplo, la hija del jefe guerrillero Lucio Cabañas ayer reconfirmó que no fue asesinado por militares, sino que se suicidó.
El tono mesurado y sereno del general secretario fijó los términos de la reconciliación que las pasadas partidistas en la presidencia de la República le debían a la sociedad mexicana.
El Gobierno de Fox no tuvo la valentía para revisar el pasado represivo y los gobiernos priistas carecieron de autoridad moral por haber sido los responsables directos de haber utilizado a los militares en tareas de inestabilidad que fueron producto de la incapacidad política de los civiles.
El simbolismo militar fue muy claro: abrir instalaciones y archivos a la Comisión de la Verdad para indagar responsabilidades de las represiones del pasado, con el dato mayor de que la ceremonia de ayer fue en el Campo Militar No. 1 que ha aparecido en denuncias por haber sido denunciado como una zona de arrestos ilegales, torturas y rutas de desaparición física de disidentes y la consideración de los militares también como víctimas de los sucesos que provocaron la muerte de militares.
A partir de la lógica de que todo lo que resiste, apoya, el evento hizo pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional de la condición de culpable de la represión en las críticas de disidentes a una dependencia que abrió las puertas a las investigaciones.
El presidente de la república y el general secretario fueron claros en señalar que la represión fue una respuesta autoritaria del Estado (entonces priista) para no atender las demandas de democratización de las instituciones y de la vida pública. El reconocimiento a los derechos sociales se convierte, así, en un dique de contención a cualquier otro intento de abuso de la fuerza del Estado para impedir las demandas sociales.
La apertura de archivos e instalaciones militares a investigaciones de abusos de fuerza fue el inicio de una fase de reconciliación política que no pudo hacer el presidente Vicente Fox y constituyó ayer una fase de despresurización de las tensiones sociales.
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