El presidente Joseph Biden convirtió la lista de invitados a la IX Cumbre de las Américas en un escenario ideal para cumplir en el continente americano su compromiso de regresar a Estados Unidos al liderazgo mundial, pero el presidente López Obrador aprovechó la oportunidad para dar un pequeño paso hacia el establecimiento de una autonomía relativa de México respecto de los intereses imperiales.
En términos objetivos, la IX cumbre buscará imponer la lógica estadounidense en sus relaciones con los países del continente: una hegemonía de la Casa Blanca, la consolidación de la OEA como el Departamento de Colonias, el modelo tradicional teórico de democracia representativa y avisos de posibles exclusiones de países que asuman características de sistemas populistas.
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La parte más grave y agresiva de la IX Cumbre fue la creación del criterio de certificación de ideologías y regímenes políticos por prte de la Casa Blanca, rompiendo el periodo de distanciamiento estadounidense de la definición de los gobiernos latinoamericanos y caribeños; es decir, un regreso imperial al modelo de 1962 cuando Estados Unidos ordenó a los países de la OEA romper relaciones diplomáticas con Cuba por su definición de régimen marxista-leninista y su acogimiento bajo la protección de la Unión Soviética.
La argumentación mexicana no fue entendida en Washington: se buscó que la reunión cumpliera su función de nuevo entendimiento con los países de la región sin exigir certificado de democratización capitalista y subordinada y sin dejar los indicios claros de que se vienen formas de intervencionismo de Estados Unidos en los países al sur del río Bravo para obligarlos a someterse a los dictados de los intereses estadounidenses. La propuesta mexicana perfilaba una OEA similar a la ONU, donde tienen cabida todos los países del mundo y las exclusiones deben de cumplir requisitos estrictos para su aplicación.
Los dos temas centrales de la Cumbre –migración y democracia– representan por sí mismos un regreso al intervencionismo imperial de los años sesenta a noventa cuando la Casa Blanca financió golpes de Estado, impuso dictaduras militares y asesoró a las élites facistoles en técnicas contrainsurgentes que incluían la tortura, tres temas centrales que forman parte de los agravios latinoamericanos con Estados Unidos porque la Casa Blanca en esa época no promovió la democracia procedimental representativa sino que impuso una sumisión estratégica a los intereses ideológicos del capitalismo estadounidense.
La migración y la democracia serán prioridad en la agenda del presidente Biden, tomando en cuenta que la primera no irá más allá del exigencia estadounidense para que los países latinoamericanos y caribeños impidan por la fuerza las caravanas de solicitantes de ingreso a territorio estadounidense y que la segunda reivindicará como pensamiento único la democracia representativa teórica que de ninguna manera funciona en Estados Unidos donde los intereses del 1% de élite propietaria imponen las reglas económicas y de exclusión racial.
El tema de la democracia, que ya había sido desahogado de manera torpe por la Casa Blanca a finales del 2021 con su Cumbre por la Democracia a la que tampoco asistió el presidente López Obrador, representa una nueva fase de imposición de regímenes políticos justo en la coyuntura en que las sociedades al sur del río Bravo han recuperado el valor de su voto –esencia de la democracia representativa– para darse gobiernos de corte popular o populista, abandonando desde los noventa la vía revolucionaria y guerrillera cubana y jugando con las reglas del sistema.
El modelo de exclusión que aplicó el presidente Biden para su IX Cumbre no ha hecho sino comenzar una fase de aislamiento estadounidense en un mundo donde las sociedades determinan sus destinos –en el modelo de acierto-error– sin pasar por la imposición de Estados Unidos del régimen capitalista que llegó a los casos extremos en que la Casa Blanca prohijó de manera directa golpes de Estado contra las sociedades locales.
El dato mayor de la crisis de la IX cumbre de las Américas de Biden tiene que ver con el hecho de que el presidente López Obrador fijó con claridad –en el escenario de la candidatura presidencial del 2024– la nueva relación bilateral con Estados Unidos a partir del reconocimiento de la existencia de intereses nacionales mexicanos, rompiendo con el modelo de sumisión absoluta que firmó el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 con el Tratado de Comercio libre en modo Negroponte: subordinar a México a los intereses de Washington.
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Política para dummies: La política exterior es un juego de suma cero.
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