En el viejo modelo político del régimen priísta anterior, la nominación de candidatos oficiales a gobernadores era un asunto de seguridad nacional y todos los perfiles tenían que pasar por el filtro de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación.
A pesar de que el tema de la inseguridad estaba bajo el control del aparato de seguridad del Estado, en 1975 comenzaron los problemas por la irrupción de los intereses del crimen organizado en la política, coincidiendo con el entonces Plan Cóndor de Estados Unidos en la zona noroeste de la República Mexicana. A partir de entonces los precandidatos a mandatarios estatales y algunas posiciones clave aflojaron los controles del lado oscuro de las biografías políticas.
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Las elecciones de gobernadores de 2021, ahora en 2022 y las que faltan de 2023 y 2024 tienen un gravísimo descuido en materia de perfiles y responsabilidades, en la medida en que la decisión de las nominaciones no responde a criterios de seguridad política del Estado sino a intereses del grupo gobernante, la necesidad de ganar las elecciones y los indicios de pactos directos o indirectos con el crimen organizado.
Las elecciones de gobernadores en 2021 cumplieron el requisito de estar en la victoria mayoritaria al partido Morena, pero descuidaron el tema de la seguridad y hoy buena parte de los nuevos gobernantes han mostrado su carencia estratégica para combatir la delincuencia en sus territorios y para permitir la expansión criminal hasta ahora en temas delictivos, pero en algunos casos ya detectados se han comprobado propagaciones criminales en territorio y funciones gubernamentales locales.
El problema político de fondo no se encuentra en los escenarios de porcentajes electorales de candidatos y partidos, sino en la conceptualización estratégica de plazas bajo dominio creciente del crimen organizado, como se percibe en los casos de Quintana Roo y Tamaulipas, pero también con expansión criminal en Oaxaca, Durango, Aguascalientes e Hidalgo.
Ninguno de los candidatos de cualquiera de los partidos con posibilidades de ganar presentó alguna propuesta concreta para contener el avance del crimen organizado en sus plazas; al contrario, todos dejaron de lado la evaluación y diagnóstico de la inseguridad en esas entidades y centraron sus discursos de campaña en temas superficiales de la política local.
Lo mismo ocurrió en el 2021 en las plazas calientes de Sinaloa, las dos Baja California, Zacatecas, Guerrero, Colima, Nayarit, Chihuahua, Nuevo León San Luis Potosí y Michoacán, zonas territoriales bajo el control estratégico de las bandas criminales. Una de las explicaciones/justificaciones ha señalado en análisis estratégicos no públicos que hasta ahora el crimen organizado no tiene el objetivo de tomar el control de las plazas territoriales para convertirlas en zonas beligerantes, sino que sean reducido solo a poner o cambiar candidatos para seguir traficando drogas.
La inexistencia de un liderazgo criminal estratégico con enfoques de dominio de Estado no debiera justificar las políticas de gobernanza criminal, sobre todo porque el control político y administrativo de cárteles y bandas sobre algunas plazas territoriales se está expandiendo ya a áreas no relacionadas de manera directa con el crimen, sino invadiendo funciones civiles, como el cobro de derecho de piso, la venta de protección, el control de la piratería, la prostitución, las bandas de delincuencia común apadrinadas, actividades comerciales y de pequeña industria y de manera sobresaliente y creciente el sicariato como al servicio de actividades civiles.
En este contexto y de reproducirse los mismos escenarios en las elecciones de gobernador de 2023 y 2024 en plazas ya infectadas por el crimen organizado como Estado de México, Coahuila y Guanajuato, las elecciones presidenciales de de 2024 tendrán un escenario estratégico que exigiría propuestas de recuperación de la seguridad interior del Estado en partidos y candidatos, más allá e inclusive en contra de las lealtades al presidente saliente y su modelo de construcción de la paz basado en la cogobernanza criminal que implicaría acuerdos con el crimen organizado.
Desde ahora las elecciones de gobernadores en 2024 se montarán con la elección presidencial en función del cambio de mandatarios estatales en las nueve plazas que quedan de relevo: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, todas ellas ya infectadas por los cárteles,
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Política para dummies:
La política es poder y el poder está haciendo ocupado por la gobernanza criminal.
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