Antigüedad pesó más que equidad.
El gobernador Ricardo Gallardo Carmona va tras Fernando Toranzo, que hizo “la peor y más corrupta administración que ha tenido SLP”, ya que “en el tiempo de Toranzo hubo cosas horribles, peores que las de Carreras, fraudes, robos y saqueos… Y va a pagar”. ¿Será? ¡Todos le aplaudiríamos!
Y aunque RGC no deja de recalcar que su intención no es llenar La Pila de excarreristas, sino solo “que devuelvan lo robado”, cosa que no tuvo mucho eco en el acuerdo reparatorio de la extitular de salud para dejarla libre; hay versiones de que pudo aportar información relevante contra el que fuera su jefe.
Cuando la justicia intentó castigar exfuncionarios del marcelato, solo hicieron el ridículo, ya que ninguno de los encarcelados regresó nada ni pasó más allá de 8 meses en prisión. Luego salieron y se perdieron en la vida privada.
Gallardo recordó el caso de los mega invernaderos, que califica como “caja chica de los funcionarios de ese sexenio” y los utilizaron con descaro en grandes proyectos inmobiliarios que los convirtieron en millonarios gracias a la especulación inmobiliaria fundamentalmente en Querétaro, pero también en puntos estratégicos de las zonas media y centro, como Santa Rita y Villa de Arista.
Todos esos nuevos ricos, gracias al “sudor” de los fondos públicos en ilegales cuentas bancarias de las que nunca rindieron cuentas… ¡Y cayitos!
También fue público y notorio que otros se allegaron apoyos y recursos federales vía amiguismo, tráfico de influencias y abuso de poder, como el financiamiento suficiente y oportuno para que un hijo del doctor pudiera, desde adquirir terrenos, hasta consolidar un pujante invernadero, gracias a programas federales que le canalizó la Sedarh.
No fue el único, la extinta madre y el hijo de una diputada huasteca también emprendieron una lucrativa agro empresa a partir de fondos públicos. Sin llegar a prisión, entendemos que algo de esto se resolvió por la vía reparatoria, pero ignoramos si fue un acuerdo tanto o más decepcionante que el de la ex titular de Salud.
Lo justo, para la ciudadanía potosina, es que todos esos delincuentes de cuello blanco sean procesados por la ley, tal como promete el gobernador RGC que harán pero… ¿Cómo si ya todos esos delitos prescribieron?
PREVENIR, NO REMEDIAR
De manera general, la Constitución local establece que cualquier irregularidad punible, esto es, que constituya un delito y tenga establecida una pena, por parte de miembros de una administración gubernamental, tiene una vigencia de CINCO años a partir del fin de ese mandato, lo que significa que desde el 27 de septiembre de 2020, el doctor Toranzo no tiene de qué preocuparse.
Cierto, hay un margen de acción que cae en el rango de competencia de la fiscalía pero, con lo que hasta hoy vemos, ¿Cree usted posible que haya talento suficiente como para de verdad revisar a fondo cada una de las posibles imputaciones y hacerles sentir el rigor de un estricto Estado de Derecho, del que se burlaron a ojos vistos, y no quedar en evidencia?
Ojala con lo del ajuste de cuentas al toranzato el fiscal José Luis Ruiz Contreras se aplique a fondo e integre una sesuda e interesante carpeta de investigación, sobre todo debidamente sustentada, para que no nos quedemos igual de ojos cuadrados.
Por eso insistimos en que los diputados de la LXIII Legislatura pongan la camiseta ciudadana comprometiéndose a reformar cuanta ley sea necesaria para que los robos, desvíos, fraudes, malos ejercicios, abusos de poder, etc., etc. de “servidores públicos”, sean delitos graves que jamás prescriban.
No es justo que por complicidades, complacencias, incompetencias, valemadrismos y demás, los ex funcionarios públicos solo se sienten a ver pasar el tiempo, 5 años de rigor (3 en el caso de los Ayuntamientos) para que puedan disfrutar cínicamente de lo que se robaron.
Ya lo cita el clásico: “Los derechos caducan, las acciones prescriben”. Que no nos vuelva a pasar, solo se requiere un nuevo entorno legal ahora, que está de moda el combate a la impunidad.
GALINDO, A FAVOR
Contra los que quieren amarrar navajas, no hay tal enfrentamiento del gobernador RGC con el Edil Enrique Galindo Ceballos por la remunicipalización de la Villa de Pozos.
Aunque es una propuesta del Ejecutivo Estatal, esa fue una de las demandas recogidas durante la campaña que el Presidente Municipal reconoce y considera justa.
De hecho, estaría a favor de que Villa de Pozos sea el municipio 59 de SLP, siempre y cuando un plebiscito ciudadano verifique que es lo que los poceños quieren y el Congreso les avale un presupuesto para ser independientes.
Sin olvidar la potencialidad de mejorar servicios y oportunidades de desarrollo por la vocación industrial de Pozos y sobre la probabilidad de que solo fragmenten su geografía para convertirlo en simple coto de poder electoral a cambio solo de un nombre, también debe definirse cuál será la demarcación de su centro de población para que se convierta en municipio.
Luego que RGC anunciara el envío de esta iniciativa al Congreso del Estado y que el presidente de la Jucopo, José Luis Fernández puntualizara que Pozos dehjará de ser Delegación con que 25 por ciento de sus habitantes acepte su remunicipalizqación, EGC se Declaró a favor de la iniciativa.
Con la experiencia de la campaña, estimó que si hay un importante porcentaje a favor y que ese 25%, “no será problema, porque la misma ciudadanía me ha pedido que se hiciera eso”, y recalcó: “Me da gusto que Gobierno del Estado haya tomado esta iniciativa”.
Sin olvidar que el municipio de la capital perderá la importante recaudación poceña, porque sería la base de sus ingresos, quizá los suspicacias surgieran de que en la elección de junio pasado, Pozos emitió un contundente voto a favor de la Gallardía y hacerlo municipio anticiparía un primer gobierno verde en ese lugar, a la vez que casualmente el anuncio de la iniciativa se hizo en un momento muy inoportuno pero eso es simple subjetividad.
ANTIGÜEDAD MATÓ EQUIDAD
Y no sin antes consignar que tras 2 años suspendida por un proceso legal emitido en razón dela equidad de géneros, la SCT reanudará la entrega de concesiones de taxi en los próximos días… El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito Federal falló sobre el juicio de amparo que tenía en revisión el proceso y dejó sin efecto la sentencia de una jueza de distrito, que obligaba al Estado a entregar la mitad de concesiones a mujeres taxistas… Los taxistas y sus organizaciones impugnaron sobre la base de que la Ley exige suficiente cantidad de antigüedad para poder aspirar a una concesión y la mayoría de las damas del volante no la tienen… Esto porque la participación femenina en éste servicio se disparó con la pandemia… Antes solo algunas viudas de policías caídos en el ejercicio de su deber, obtuvieron concesiones… Total, que el nuevo fallo privilegió la antigüedad por encima de la equidad… Otro ejemplo de que las leyes deben actualizarse… Diputados, a trabajar… Y aquí nos leemos el próximo miércoles.
