De manera casi silenciosa, el presidente Joseph Biden aprobó y firmó la Estrategia de Control Nacional de Drogas de la Frontera Suroeste, un documento breve de 17 páginas que no cambia para nada lo que ha venido aplicándose desde la época del presidente Nixon y sobre todo de la decisión del presidente Obama de responsabilizar a los productores del consumo de drogas por parte de estadounidenses.
El punto de partida se sustenta en la coartada de todas las decisiones imperiales de la Casa Blanca: “amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos”, un argumento que es utilizado para violar la soberanía de otros países, meter agencias de seguridad civiles y militares fuera de Estados Unidos y exigirles a los gobiernos de países productores que por obligación combatan el narcotráfico para evitar que los angelicales consumidores estadounidenses sigan cayendo en las garras de las drogas.
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Además de asumir el narcotráfico internacional como un asunto de seguridad nacional estadounidense, el presidente Biden retomó el argumento extraterritorial del presidente Obama en 2011 de definir a los cárteles del narcotráfico como “organizaciones criminales trasnacionales” y a través de esta vía autorizar al Gobierno de EU a meterse legal o extralegalmente en otras naciones para combatir a los cárteles en sus países de origen.
La estrategia de Biden se queja de la droga que ingresa a Estados Unidos, pero acredita el flagelo a los productores y traficantes, sin entender hasta ahora que esa droga llega a la frontera mexicana, cruza la línea por actividades de colaboración o de corrupción de autoridades estadounidenses, sin ningún obstáculo ya en territorio de EU esa droga se distribuye en todo el país y al final son células de cárteles mexicanos que viven y operan dentro del territorio americano las que procesan y venden la droga al menudeo en las calles americanas.
Todos los lineamientos de Estados Unidos en materia de drogas se asumen en función del derecho ciudadano de consumir lo que le venga en gana y en todo caso sí castigar un poco el tráfico para venta y no consumo individual. En este sentido, la estrategia estadounidense combate de manera agresiva, policiaca, invasiva y militar a los países donde se asientan los cárteles dedicados a la siembra, procesamiento y tráfico de las drogas, pero dentro de EU no se ataca el consumo, sino que se dedican todos los recursos a atender las adicciones.
En tanto que los gobiernos estadounidenses no combatan de manera frontal y decisivas el consumo de drogas, la disponibilidad de estupefacientes seguirá creciendo y por lo tanto potenciando el número de americanos víctimas de las adicciones. En su estrategia nacional de lucha contra las drogas, previo al plan orientado solo a la frontera suroeste, la Casa Blanca había señalado que su prioridad era la de luchar contra las adicciones y no contra la producción y contrabando.
El otro dato que aquí se ha insistido de manera recurrente es el registrado desde 2005 por la DEA en el sentido de que los cárteles mexicanos del crimen organizado se habían asentado y fortalecido ya dentro del territorio estadounidense con estructuras económicas, de corrupción y de armamento, sin que ninguna autoridad haya hecho algo concreto para desarticularlos. En este sentido, la relación de cárteles en México y su vinculación con sus células en Estados Unidos constituyen –ahí sí–un problema de seguridad nacional, no solo un riesgo o una amenaza, porque la flexibilidad con la que operan estos grupos delictivos en territorio americano puede ser utilizada de manera sencilla por organizaciones terroristas.
Las propuestas de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico en la frontera suroeste –de manera específica en los Estados de Arizona y California– no tendrán efectos deseados para disminuir el contrabando y menos el consumo: fortalecer la capacidad de las agencias de seguridad, desmantelar las redes criminales y atacar las rutas de transportación, los dos últimos puntos pueden sonar hasta ingenuos en su planteamiento de objetivos porque las redes criminales y las rutas de transportación solamente han podido ser consolidadas con la complicidad directa o indirecta de las autoridades de seguridad estadounidenses.
Una novedad en esta estrategia puede sonar espectacular, pero podría carecer de funcionalidad por experiencias anteriores: la creación de una fuerza de tarea formada por funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior, además de darle mayor espacio a las agencias de la Comunidad de seguridad que están funcionando desde hace tiempo.
En la estrategia no podía faltar el compromiso varias veces reiterado de aumentar la colaboración y capacitación de autoridades mexicanas, pero en momentos en que México tomó ya decisiones concretas para someter a controles estrictos a la DEA y con ello desarticular su eficacia relativa. Y en el contexto de las dos estrategias estadounidenses, México cerró sus oficinas de la unidad antinarcóticos que colaboraba con Estados Unidos, argumentando su falta de control interno y la penetración de los intereses del crimen organizado.
Las estrategias nacionales y de la frontera suroeste de Estados Unidos contra el narcotráfico se suman a las ya existentes e ineficaces porque nada se logrará en buenos resultados si no se ataca de manera directa el consumo de drogas en los adictos estadounidenses. Mientras haya consumidores, el tráfico seguirá aumentando.
Zona Zero
Hasta ahora no existen indicios de que se vaya a crear una nueva fuerza antinarcóticos mexicana, pues no se ha podido resolver el problema de la penetración de los intereses de los cárteles en esas organizaciones de seguridad y al final terminan trabajando para los narcos y no para abatir el tráfico de drogas.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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