No pretendemos que involucrados en manejos irregulares de recursos terminen en la cárcel, señala el Gobernador.
Luego de la detención del ex Secretario de Salud Miguel Ángel “N”, por los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, aclaro que las denuncias que interpone el gobierno estatal, en contra de ex funcionarios de la pasada administración estatal, no buscan encarcelar a los involucrados, sino que devuelvan lo que se robaron en perjuicio de San Luis Potosí.
En este sentido, y sin mencionar nombres, el ejecutivo, manifestó “no pretendemos que los involucrados en manejos irregulares de los recursos públicos, terminen en la cárcel, sino que devuelvan el dinero robado”, añadió.
Además, comentó que “con esos resarcimientos, podrían desarrollarse las inversiones que requiere San Luis Potosí, para avanzar en su desarrollo. Yo siempre he sido claro, no quiero a nadie en prisión, no es una parte que a mí me agrade, estamos en otra situación en esta administración”.
Cabe recordar que durante la gestión estatal de Ricardo Gallardo, se ha detenido al ex titular de la Secretaria de Seguridad Jaime Pineda “N”, y a los ex titulares de Salud en la administración estatal anterior, Mónica Rangel “N”, y Miguel Ángel “N”, por la comisión de diversos delitos.
El jefe del ejecutivo, Gallardo Cardona, insistió en señalar que «Lo único que siempre hemos peleado es que se regrese lo que se robaron, y creo que es lo que quiere San Luis Potosí, y los potosinos no quieren que se meta a nadie a la cárcel, al igual que yo, porque no se gana nada, meter a la prisión a las personas no remedia nada, los desfalcos que hayan hecho, pero la Fiscalía está en un acuerdo, en el que se les pide que regresen lo robado», agregó.
Enfatizó que con la devolución de ese dinero, se pueden ejecutar las inversiones no hechas, en los años pasados.
Se señaló que el ex secretario de Salud, Miguel Ángel “N”. Podría estar involucrada en los delitos que se le imputan y en donde el daño al erario púbico asciende a los 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.
