Justo en el tiempo político de difusión de informes de Derechos Humanos de la ONU y de ONGs privadas, la sociedad norteamericana se sacudió con tiroteos en el metro de Nueva York, en un centro nocturno en Iowa, en Indianápolis y en Washington D.C, entre otros, derivados del fracaso de todas las iniciativas de control de la venta de armas a particulares que todavía garantiza la Segunda Enmienda constitucional.
En un análisis publicado en el periódico El Independiente de México, el periodista Gabriel Lerner, editor emérito del diario La Opinión de Los Ángeles, dio una clave para entender la diferencia entre la violencia en México, Centroamérica, Sudamérica y países de África: en Estados Unidos los autores de los tiroteos y las matanzas se basan en el sencillo argumento “matar por matar”, quizá peor que la violencia en México producto de la lucha entre cárteles del crimen organizado por territorios criminales.
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En el primer trimestre de 2022 se registraron en Estados Unidos 107 tiroteos masivos que respondieron a argumentaciones racistas, autonomistas y de grupos minoritarios que no reconocen las leyes y regulaciones del Estado.
En total y junto a otros actos de violencia, el grupo Gun Violence Archive contabilizó 4,035 muertos por armas de fuego, 7,240 heridos, 107 tiroteos masivos, 207 niños de cero a 11 de años lastimados por las balas, 921 adolescentes que recibieron impactos de armas de fuego y la contabilidad oficial reconoció que en 2021 hubo más de 110,000 personas que murieron por el consumo del veneno conocido como fentanilo.
Una gráfica recoge la intensidad de la violencia con armas de fuego en la zona del centro a la costa este, en tanto que, hacia el oeste, donde se conquistó el territorio a sangre y fuego contra los indios originarios y los mexicanos territoriales, ha disminuido la contabilidad de la criminalidad callejera.
De acuerdo con cifras recogidas por grupos como Small Arms Survey existen en Estados Unidos 393 millones de armas de fuego en manos de particulares, en una población de 320 millones de personas; el dato importante señala que no todos los estadounidenses anhelan tener armas, sino que la población interesada en esos productos violentos es poco más de la mitad.
La violencia armada en Estados Unidos, cuando menos la que más preocupa a las autoridades, tiene que ver con los grupos organizados de manera política para confrontar al Estado o para eludir a la autoridad policiaca y de seguridad que responde a los intereses del Estado.
De acuerdo con un reporte de la BBC, en Estados Unidos existen de manera formal aproximadamente 165 grupos paramilitares que tienden a combatir al Estado o a evitar el reconocimiento de la autoridad institucional, y todos armados como milicias porque lo permite la ley.
Las autoridades políticas no parecen decididas a combatir este tipo de organización anarquista y ello se percibe en la falta de decisión para desarticular a los grupos de ultraderecha que se potenciaron en el Gobierno de Donald Trump y muchos de ellos fueron detectados en el ataque al Congreso estadounidense el 6 de enero del 2021 para impedir el reconocimiento a la victoria presidencial del candidato demócrata Joseph Biden.
Los juicios contra los atacantes detectados se han individualizado en actos de agresión y no en su configuración como milicias anarquistas antisistémicas.
Grupos racistas antiinmigrantes están tratando de construir una narrativa que culpa del auge de la violencia a los migrantes mexicanos que ingresaron al país sin cumplir con las regulaciones fronterizas y ahora a las oleadas de centroamericanos que han irrumpido con violencia la frontera estadounidense. Y si bien es cierto que se ha aprobado que muchos agresores violentos provienen de grupos y pandillas mexicanas y centroamericanas –como los Maras Salvatruchas 13–, son más Los estadounidenses radicales y violentos quienes han sido los promotores de tiroteos y masacres.
La ONU y algunas ONGs han incluido en sus reportes Las cifras de violencia interna en Estados Unidos, pero no han tratado de encontrar alguna explicación social sobre el carácter de la violencia. Y si se agrega los casos de represión policiaca contra población no-blanca en Estados Unidos, entonces se tendría que profundizar el enfoque crítico al racismo violento institucional del Estado contra minorías, de manera independiente al crecimiento del desempleo y la marginalidad de la población no-blanca en un país donde toda la riqueza la concentra el 1% de los empresarios más ricos.
La violencia al sur del río Bravo tiene que ver con el régimen económico que concentra la riqueza a costa de la pobreza y el desempleo de las mayorías, Pero también a la inexistencia de una estructura de seguridad que no terminan de entender la capacidad de organización de los grupos delictivos en cárteles, bandas y sobre todo pandillas.
El presidente de El Salvador acaba de iniciar un operativo de represión brutal contra las pandillas –de manera especial los Maras13– que han tomado el control de zonas urbanas y los gobiernos de Venezuela y Brasil lanzaron el Ejército contra los grupos criminales que habían rebasado la capacidad de resistencia de las fuerzas policiacas de seguridad.
El Gobierno de Estados Unidos debe de abandonar esa estrategia de dominación imperial que culpa a otros gobiernos de problemas de violencia e inseguridad que padece con mayor intensidad al interior de sus propias fronteras. No hay día que pase sin que en Estados Unidos exista algún tiroteo, algún estudiante llegue a su escuela rafagueando a compañeros o las policías repriman con brutalidad policiaca a presuntos violadores de la ley que suelen ser en abrumadora mayoría minorías raciales.
Y qué tal el final la percepción qué es la violencia social no es otra cosa que la expresión de la violencia institucional.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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