El sistema de salud del sector público está resquebrajado por la migración del Seguro Popular al Insabi.
Si antes de la irrupción de la pandemia las cosas ya estaban mal, particularmente en la economía y la inseguridad pública, por citar solo dos rubros, ahora las cosas están peor, ya que a la ecuación del desastre se suma la incapacidad gubernamental de atenuar los efectos de la pandemia.
El sistema de salud del sector público está resquebrajado por la migración del Seguro Popular al Insabi y por aniquilar el sistema de adquisiciones de medicamentos, problema que persiste en nuestros días y para el que no se vislumbran soluciones en el corto plazo.
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El desabasto de medicamentos ya no es la excepción, sino la regla generalizada en prácticamente todas las instituciones públicas.
Salvo algunos sistemas de salud estatales, todo lo demás se encuentra muy limitado en sus capacidades para brindar la atención médica que requieran los pacientes que en la mayoría de los casos son de los sectores de la población más desprotegidos.
Si usted cree, que los derechohabientes del IMSS o el ISSSTE están mejor atendidos que en el Insabi, está en un error, ya que la escasez de medicamentos, de camas y en general de insumos médicos, además claro de la insuficiencia de personal médico, mantienen una alta mortalidad en esos institutos públicos, no obstante el flujo de recursos que captan del gobierno y de la iniciativa privada.
Por más que se quiera tapar el Sol con un dedo, nuestro país está en el ranking de los peores en el mundo en el manejo sanitario de la pandemia en cuanto a la morbilidad, ya que nuestro país presenta cifras de 545 fallecimientos por cada cien mil habitantes, mientras que en Estados Unidos, India y Brasil están en rangos de 350 muertes.
Los datos duros son tan contundentes que dejan al descubierto la incapacidad del responsable de controlar la pandemia, Hugo López-Gatell, quien no ha podido con el paquete y al igual que su jefe piensan que con las falacias y medias verdades que pronuncian está ‘domada la fiera’.
Si ahora ya están en curso sendas demandas penales contra el subsecretario, imaginemos qué pasará cuando ya no tenga el manto protector del presidente.
Muchos funcionarios que suben al ladrillo del poder se marean a las primeras de cambio, al pensar que el cargo que ostentan será eterno. Sin embargo, los más “aterrizados” saben que en cuanto les dan el nombramiento, también viene como anexo su renuncia.
Si la Carta Magna se respeta, para el 30 de septiembre de 2024 deberían empezar a irse, si no lo hicieron antes, los funcionarios de primer nivel del equipo del presidente, aún en el mejor de los casos en que Claudia Sheinbaum sea la sucesora de AMLO, pues López Gatell estará en la mira de la jefa del Gobierno capitalino, en virtud de las notables diferencias que han prevalecido en el manejo de la pandemia en la CDMX.
Acaba de declarar el subsecretario que la cuarta ola va decreciendo y que se espera que en unas semanas se presenten indicadores que hablen de un franco descenso rumbo a la estabilización.
Sin embargo, aún con las cifras oficiales que dependen de él, el promedio de muertes diarias es de 500 y los contagios, dicen, están en el rango entre 40 y 50 mil personas por día, cifras que están muy alejadas de la realidad que apunta a que uno de cada 10 mexicanos está contagiado.
La perorata oficial, la mentira y la demagogia se estrellan contra el muro de la realidad que padecen millones de mexicanos en su frágil economía familiar, en la enfermedad y la muerte, sin considerar la violencia y los índices delictivos, entre otros tantos problemas.
