En toda la República están sucediendo actos plenos de corrupción.
Actualmente en México a nivel federal, municipal y estatal en toda la República están sucediendo actos plenos de corrupción pero que al parecer hoy en México no pasa nada que pueda enturbiar los proyectos de la 4T porque afectaría los proyectos del presidente de la República.
Por ejemplo las irregularidades detectadas en Segalmex por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, ascienden a 8,636 millones de pesos y aunque ya hay funcionarios cesados y con más de 20 expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, lo cierto es que los culpables del desfalco, entre otros, el director general Ignacio Ovalle Fernández y René Gavira Segreste, están sorteando el vendaval gracias a la protección institucional que se les brinda, por decirlo de forma elegante.
Desde luego, con el resultado de las auditorías, viene el periodo de solventar las irregularidades y de aclarar y presentar las comprobaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.
René Gavira Segreste, Oficial Mayor desde el arranque de operaciones de Segalmex y que fue corrido de forma vergonzosa, asignó contratos leoninos por arrendamientos de camiones a empresas que su parque vehicular era casi obsoleto, incluso varios de esos corporativos como Jet Van y Lumo, están inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública.
Otra de las trapacerías que hizo este “angelito” y que se encuentran documentadas en las carpetas que tiene en su poder la FGR, es la salida de efectivo y pagos anticipados a proveedores por decenas de millones de pesos.
La ASF detectó que en mil millones de pesos del Programa Precios de Garantía a cargo de Miguel Carrillo Villarreal, no existe la comprobación relativa, además en la auditoría correspondiente se detectaron diversos pagos a empresas factureras o fantasmas, por cierto, este ex funcionario y colaboradores cercanos, han sido señalados por la venta de sacos a productores agrícolas para la entrega de sus productos.
Adicionalmente, determinaron volúmenes de merma excesivos para el procedimiento e industrialización del maíz para después revenderlo.
Existen más de 2,854 millones de pesos que carecen de las transferencias bancarias respectivas, correspondientes a las boletas de recepción y liquidación de productores de maíz y frijol que están en el Programa de Precios de Garantía, lo cual permite que se acredite la entrada de productos a los centros de acopio.
Gavira Segreste con José Luis Pandal, otro de sus compinches, hicieron las compras centralizadas de Diconsa con sus proveedores consentidos, mediante asignaciones directas en coordinación con Carlos Valero, gerente de compras del área comercial.
Estos pedían que se depositara directamente a cuentas de familiares de Gavira Segreste una comisión por la compra, razón por la cual La Unidad de Inteligencia Financiera investiga estos hechos.
Entre los funcionarios señalados en Segalmex fueron Hugo Buentello (Operaciones) y Alejandro de Jesús Kuri Olvera (Finanzas), personajes que también fueron observados por ASF.
En la cruzada que lleva a cabo las dependencias federales para castigar a los culpables de la estafa en Segalmex, se busca eximir de su responsabilidad a Ignacio Ovalle, quien inexplicablemente continúa en el cargo, aunque en la actualidad está “congelado”, ya que Juan Francisco Mora Anaya, Oficial Mayor, opera todo el corporativo integrado por Segalmex, Liconsa y Diconsa y que fue impulsado a ese cargo por Thalía Lagunas, Oficial Mayor de la SHCP, para darle cauce operativo a toda la institución.
En enero de este año, fueron despedidos tres funcionarios; el Jurídico de Segalmex, Carlos Dávila Amerena; Director Comercial, Manuel Lozano Jiménez y Bernardo Fernández Sánchez, Director de Operaciones de Liconsa.
Para algunos analistas políticos, consideran que este ajuste de cuentas contra funcionarios de nivel medio, se circunscribe también a temas políticos que afectan al primer círculo de colaboradores del presidente López Obrador.
