Andrés Manuel López Obrado tiene un “testamento político”.
Con la declaración de Andrés Manuel López Obrador que tiene un “testamento político” tenemos que anticipar tres años de inestabilidad política y económica.
Con esta declaración el presidente nos da a entender lo endeble que está su salud y que no confía en su partido, en su círculo cercano, ni en las instituciones que garantizan la gobernabilidad del país.
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Espero equivocarme, pero el solo hecho de que asegure en vida que tiene un “testamento político” es señal de que le pedirá a sus seguidores cumplir sus últimos deseos, más allá de los lineamientos plasmados en la Constitución.
El solo hecho de que el presidente reconozca que tiene un “testamento político” podría entenderse que sabe que lo van a traicionar y que, aun en vida, no van a respetar su decisión de quien él quiere que lo reemplace.
En su soberbia, AMLO cree que si plasma en un papel lo que debe suceder si muere antes de terminar su sexenio, esto será suficiente para asegurar su legado.
Y la soberbia del presidente casi asegura, que aun antes de que inicie el siguiente sexenio, sin importar quién sea el siguiente presidente de México, se van a desentender de la cuarta transformación.
En veinte años, los siguientes presidentes se van a asegurar que López Obrador sea recordado, en un pie de página, como un excéntrico, incompetente gobernante, con ideas retrógradas que gobernó con “otros datos”.
Andrés Manuel López Obrador nunca entendió la importancia de tener una visión de Estado, respaldado por políticas publicas apoyados con datos duros y no ocurrencias.
Especialmente importante era que sus decisiones respetaran la Constitución, el Estado de derecho y las instituciones que aseguran la transferencia pacífica.
Hasta los mismos monarcas hace 200 años entendieron que hay que respetar las reglas del juego, o por lo menos dar la apariencia para asegurar la gobernabilidad del país.
También López Obrador pensó que México es una isla, sin mayor impacto global y que nadie se ‘atrevería’ a intervenir en sus decisiones y deseos, a pesar del tamaño de la economía, la población y su vecindad con Estados Unidos.
En resumen, López Obrador, tal vez por adaptar la historia de México y el mundo a su limitado entendimiento, pensó que el apoyo popular le permitía ser un misericordioso dictador, que podría violentar las estructuras básica en su afán de proteger su legado histórico.
Por eso los siguientes tres años serán catastróficos para el país, ya sea que AMLO termine su sexenio o tenga que ser sustituido.
Todas las democracias están pegadas con chicle. Especialmente la democracia mexicana.
Las instituciones y las reglas del juego, léase la Constitución, dan lineamientos básicos para asegurar la gobernanza, algo que López Obrador no quiso reconocer por su arrogancia.
Al atacar al INE, a la rama judicial y a la Corte Suprema, y cuestionar al Banco de México, los medios de comunicación, además de rodearse de personajes públicamente cuestionados, lo que hizo fue asegurar que el resultado de las elecciones de 2024, cualquiera que sea, será cuestionado.
También no hay que subestimar las presiones externas.
Un México ingobernable por la rampante impunidad, por políticas económicas que incrementan la pobreza, la inseguridad y la violación de derechos humanos, seguramente incrementará las presiones externas, especialmente del vecino del norte.
La historia no es amable con los gobernantes autoritarios, por más que justifiquen que sus decisiones tenían buenas intenciones.
Si en verdad la intención de AMLO era atacar la corrupción y “primero los pobres”, se hubiera rodeado de extraordinarios secretarios y asesores, asegurar que en su círculo cercano no fueran corruptos y criminales y buscar un consenso nacional, con actores de todos los estratos sociales, por el futuro de México y no el futuro de su legado político.
Es importante subrayar el papel de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema, ya que la rama legislativa perdió toda credibilidad como mecanismo de pesos y contrapesos que rigen las democracias.
El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval , el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, tendrán que tomar la difícil decisión histórica de respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador o a la Constitución, el Estado de derecho y la gobernabilidad de México.